La Fundación Myrna Mack ha realizado una serie de análisis técnico-jurídicos sobre las distintas propuestas que actualmente se discuten en la mesa legislativa de seguridad y justicia del Congreso sobre la iniciativa de ley de servicios de seguridad privada.
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En la actualidad se encuentran funcionando 148 empresas de seguridad privada, 70 de ellas se hallan aún en trámite, y 30 están trabajando sin autorización o acuerdo.
En total, se encuentran en las 48 empresas de seguridad que están en ley 75 mil agentes, pero las 100 que por alguna razón no lo están también operan 75 mil personas.
Lo que quiere decir que del total de personas que trabajan en seguridad, que son 172 mil, un 87.21% pertenece a la iniciativa privada, y lo que resta, que es un 12.79%, es de la Policía Nacional Civil, según mencionaba Leily Santizo, analista de la Fundación Myrna Mack.
Esto, según comentaba Santizo, se debe a la incapacidad del Estado de proveer seguridad, que por ley debería realizar.
Esperan crear una normativa de carácter restrictivo para la regulación a las personas jurídicas o individuales que deseen tener una empresa de seguridad privada.
Se recalcó que se necesita tener un control dentro de la iniciativa de ley a la ya impuesta Ley de Control de Armas y Municiones, pues estas empresas están exentas de la mencionada legislación, debido a que una de las únicas restricciones que tienen por parte de la empresa es que tengan la mayoría de edad legal, es decir, 18 años.
Cuando la legislación manda que se debe tener 25 años y una serie de exámenes físicos y psicológicos para poder portar un arma con permiso legal.