Recusan a juez quinto


El ex presidente Alfonso Portillo detuvo una vez más el proceso abierto en su contra por peculado de Q120 millones; la fiscalí­a especial para la CICIG pretendí­a acusarlo junto a Eduardo Arévalo Lacs, también vinculado con ese desfalco.

Gerson Ortiz
gortiz@lahora.com.gt

Telésforo Guerra, abogado defensor de Portillo, accionó a través de una recusación contra el juez Jorge Cano, contralor del proceso contra el ex mandatario, deteniendo con ello la audiencia de apertura a juicio que se ha aplazado por más de un año debido a una serie de recursos dilatorios.

Guerra argumentó en la recusación que las abogadas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no debieron intervenir en la audiencia donde le fue revocada la fianza de Q1 millón a su patrocinado; el jurista expuso también que Cano habí­a abandonado en distintas ocasiones la sala de audiencias, por lo que duda de su imparcialidad.

En ese caso, la fiscalí­a especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó esta mañana un memorial en el que solicitaba al juzgador que presidiera en una sola audiencia, la apertura a juicio contra Arévalo Lacs, quien está en prisión por los mismos hechos señalados contra Portillo.

Cano indicó que habí­a rechazado la recusación planteada por la defensa del ex mandatario y que le darí­a trámite elevándola a la sala jurisdiccional respectiva que declarará si ésta procede o no.

Portillo enfrenta proceso penal por el delito de peculado que según la fiscalí­a cometió durante su gestión al autorizar, a través de la creación del acuerdo 16-2001, transferir Q120 millones al Ejército de Guatemala, de los cuales Q30 millones fueron entregados a José Armando Llort Quiteño, quien fungí­a como presidente del Crédito Hipotecario Nacional.

El caso de Arévalo Lacs, ex ministro de Defensa durante la gestión de Potillo, es similar pues la fiscalí­a lo acusa de haber ordenado y propiciado la emisión de dos cheques por un total de Q120 millones durante su gestión.

Los dos cheques aprobados por Arévalo fueron de Q48 y Q 72 millones, los cuales fueron cobrados en efectivo en el Banco de Guatemala, pero el dinero nunca fue recibido por el Ejército.