El Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentaron el tercer informe nacional sobre violaciones a los derechos humanos de ambientalistas, activistas ambientales, trabajadores de ONG y trabajadores gubernamentales.
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Izabal, Petén y las Verapaces son los departamentos donde se registran más hechos violentos hacia los ambientalistas; en dos años se han registrado 13 asesinatos a nivel nacional, esto por la explotación minera, urbanización y desarrollo turístico no planificado, canalización de aguas, cacería y pesca excesiva, incendios forestales y extracción de recursos forestales.
El procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales, indicó: «lo alarmante es que los problemas ambientales no solo se profundizan sino se diversifican, a pesar que la institucionalidad cuenta con responsabilidad específica en la gestión ambiental, debido a una gestión ambiental débil, poco consciente».
Yuri Melini, director de CALAS, expresó que en dos años se han registrado 13 asesinatos, pero también se han dado atentados, amenazas, detenciones ilegales y las agresiones físicas, morales y psicológicas que afectan a los defensores de los recursos naturales, quienes son blanco fácil para hechos violentos.