El pasado sábado junto a Estuardo Gálvez, Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Castresana, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- se dirigió a cientos de estudiantes jóvenes, adultos, de la tercera edad y 120 docentes.
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Resaltó la cantidad de recursos económicos invertidos versus los resultados escuálidos en seguridad y justicia y la falta de conciencia tributaria de la mayoría de los guatemaltecos.
Dio a conocer la falta de voluntad política en el avance de por lo menos 18 instrumentos jurídicos en el Organismo Legislativo, que le hacen falta a la justicia guatemalteca.
La CICIG desde hace dos años empezó recibiendo cuatro herramientas y ha procurado utilizarlas de la manera más eficaz posible, asistencia técnica, reforma legislativa, acciones disciplinarias y acciones penales, enumeró Castresana.
Al llegar al país entendieron la asistencia técnica de una manera distinta de la forma en que se ha prestado durante 20 años, porque los vagos resultados de cosa juzgada en 2% no contrasta con los US$ 1 mil millones que se ha gastado la Comunidad Internacional en el sistema de seguridad y justicia de Guatemala.
Han traído los consultores internacionales más caros, quienes cobran honorarios multimillonarios, viajan en primera clase de avión, se hospedaron en hoteles cinco estrellas de la zona 10.
Organizan capacitaciones para funcionarios de unidades de élite y terminada la capacitación el experto regresa a su país y el funcionario capacitado «es inmediatamente cooptado por el sector privado, y al Estado, a las instituciones, a la autoridades no les queda nada. Es por eso que los resultados son escuálidos», insistió Castresana.
Hizo ver que el contrato que Guatemala firmó con las Naciones Unidas, conocido como CICIG, creaba una fiscalía internacional única en el mundo en el sentido de que hay al menos ocho iniciativas de Estado de Derecho en el planeta.
De esas ocho, «la de Guatemala es la única que respeta cien por cien la soberanía porque es la única que no admite ninguna formula de solución transnacional. Se pide atender, escuchar, reflexionar, no se pide obedecer ni acatar», comentó.
IMPUESTOS
«La otra cifra espeluznante es que Guatemala es el tercer país por la cola de América Latina en esfuerzos tributarios. Los guatemaltecos no pagan impuestos, solo se pagan menos impuestos en México, pero ahí existe una explicación porque el Estado en México se financia con la recta petrolera […] y Haití».
Sin seguridad no hay actividad académica, no hay actividad productiva, no hay desarrollo no ha servicios públicos, no hay derechos, los derechos están en la constitución pero no se pueden ejercer, reiteró.
Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), analizó que efectivamente hay una percepción sobre los problemas de la calidad del gasto público con la rentabilidad social en seguridad y justicia.
«Ya sea de donaciones, préstamos o lo que se financia a través de los impuestos. Es un llamado razonable que no solo se concentren en la cantidad de los recursos sino en su calidad».
Relacionado con el segundo punto sobre la moral tributaria, está asociado no solo con la calidad del gasto público y por el otro lado la transparencia. Ver los dos lados de la moneda, indica Lavarreda.
Carlos Castresana, también lamenta que las autoridades judiciales no han querido asegurar a los Jueces y Magistrados, y falta la creación de los tribunales de alto impacto para agilizar la justicia y llevar tranquilidad a la población
Eleonora Muralles, respalda el criterio de Castresana, siendo indispensable asegurar a quienes imparten la justicia en el país, tanto como crear los tribunales de alto impacto a que hizo referencia Castresana.
«No va a haber presupuesto que alcance si cada uno de los funcionarios está haciendo uso personal de los recursos. Que hagan eco de la solicitud del doctor (Carlos) Castresana y las diferentes instituciones porque no es solo el Organismo Judicial el que no está acatando», opina Muralles.
REFLEXIONES
Un grupo de internacionales no puede hacer los cambios que este país necesita, «venimos con nuestra mejor voluntad, hacemos el mejor de los esfuerzos, señalamos los problemas, recomendamos con humildad desde la experiencia de la comunidad internacional cuales son los remedios».
Expuso, «para bien o para mal para Guatemala la CICIG es un tratado con Guatemala como Estado, no con el Gobierno, no con el Congreso, no con la Fiscalía General o con el Organismo Judicial.
«(Los mangos) de todas las sartenes están en manos guatemaltecas, porque todo lo que pueda, para bien o para mal, desprenderse de esta comisión internacional, en última instancia pertenece al ámbito de decisión de los jueces de Guatemala.