Permitir que los empresarios del transporte colectivo urbano exijan datos personales al adquirir la tarjeta prepago para usar el servicio, es un abuso e ilegalidad que las autoridades no debieron aceptar. Tratándose de un servicio público, una base de datos individuales de millones de usuarios que pasa a ser propiedad de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, es una completa anomalí­a, sobretodo, ahora que en el mundo hay estructuras criminales que venden y compran ese tipo de información para usos aviesos no autorizados. Pero también, coincido con las opiniones expresadas por otros analistas, en el sentido de que esta información puede ser utilizada con fines polí­ticos electorales a favor de la UNE y sus aliados.

El detalle de información personal que se exige para pagar una tarjeta que otorga derecho a utilizar el transporte colectivo, es un acto abusivo que desnuda el desamparo de la población, debido a la pasividad e indiferencia de las autoridades. Lo que están haciendo los transportistas, atenta contra los derechos individuales y libertades fundamentales que tenemos los seres humanos, por esa razón, me opongo al procedimiento que obliga a entregar información privada a cambio de un boleto para viajar en los nuevos buses fabricados en Brasil.

En Suiza todas las personas que utilizan el transporte colectivo, compran las tarjetas prepago en cualquier lugar autorizado, las casetas de venta, en determinados comercios o en las máquinas expendedoras ubicadas en la ví­a pública, sin tener que dar información a cambio, la venta es libre y con precios especiales para personas de tercera edad. En otros paí­ses de Europa, muchas tarjetas prepago son válidas para todos los medios de transporte, buses, el metro y el tren, también usted puede comprarla con toda facilidad, cancelar el valor que decida, válida por el tiempo, las distancias y los viajes que desee y nadie le está pidiendo datos personales.

Vuelvo a elogiar la decisión de modernizar el servicio del transporte urbano, porque es un aliento para el desarrollo y porque beneficia y dignifica al usuario, por eso me anticipé a reconocer la cooperación del gobierno de Brasil y saludar la decisión de los empresarios y del gobierno de Guatemala (La Hora, 7/08/09), pero ahora que salen con esos requisitos, me sumo al descontento de quienes están rechazando el procedimiento impuesto por los empresarios y emplazo a las autoridades de Gobierno y a las encargadas de velar por el respeto de los Derechos Humanos a que intervengan para corregir este abuso a los derechos individuales y garantí­as constitucionales.

Reitero mi oposición porque entregar datos personales a cambio de obtener un servicio pagado, es ilegal y arbitrario, porque una base de datos de ese tipo, bien puede servir para la manipulación polí­tica de cualquier grupo de poder. Ante la falta de explicación sobre la razón y el uso de la información, tenemos el derecho de oponernos.

P.S. Las demandas del gremio magisterial son justas, a lo mejor si se reducen las transferencias millonarias al Ejército y se erradica la corrupción, se puede aumentar el presupuesto para educación.