Dos mil 700 expedientes de adopciones de diferentes años empezarán a ser analizados para determinar que se cumplieron los procesos de ley, como iniciativa de la CICIG y la Procuradurí­a General de la Nación. El diputado Armando Sánchez indicó que fiscalizará que no sólo se investigue a los empleados que participaron en la elaboración, sino que deberí­a alcanzar la investigación a sus cuentas bancarias.