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Guatemala ha vivido cambios en las dos últimas décadas que demandan el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los consumidores y de los proveedores.

Sin embargo, la ausencia de un marco legal especí­fico conlleva que en muchas ocasiones no se vean mejoras en la calidad de los servicios.

La DIACO fue creada en 2003 como una dependencia del Ministerio de Economí­a, aunque con relativa independencia funcional y técnica que abarcarí­a todo el territorio nacional.

Desde su creación se especificó que dicha unidad a los cinco años de funcionar se convertirí­a en una procuradurí­a de la defensa del consumidor y el usuario.

Al cumplirse dicho plazo, varios de los involucrados (cámaras empresariales, diputados, sociedad civil organizada) vieron con preocupación que faltaba el marco regulatorio necesario para cambiar el estatus vigente de la DIACO.

La Universidad de San Carlos de Guatemala fue uno de los ponentes de las iniciativas que buscaban rescatar el tema y remitió al Legislativo una iniciativa en 2008 que fue trasladada a la comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, presidió dicha sala en 2008 y organizó varios encuentros con los sectores interesados, con el objetivo de instalar un Foro Multisectorial en el cual hubo representación de las cámaras de Industria y Comercio y sindicatos, entre otros.

Después de varios análisis, la comisión en referencia presentó un dictamen favorable al contenido consensuado el 6 de octubre 2008.

Hasta ese momento se estimaba que poner en funcionamiento dicha procuradurí­a tendrí­a como presupuesto inicial unos Q70 millones.

Sin embargo, en junio 2009, el contenido de la iniciativa fue discutido de nuevo y cambió en más de un 60 por ciento, informó en ese momento el diputado Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota y quien es presidente de la Sala de Trabajo desde ese año.

Ante esta situación, ahora surge otra iniciativa, del legislador de la Bancada Guatemala, Rubén Mejí­a, quien afirma que la ponencia de la Usac es muy radical y la consensuada con el Foro Multisectorial sufrió demasiados cambios.

Mejí­a asegura que se necesita un equilibrio y es necesario que la Procuradurí­a en mención funcione bien, y para ello deben existir en su funcionamiento representantes del sector empresa, usuarios y gobierno.

Urgió fiscalizar el contrabando porque el sector privado teme que las sanciones sólo caigan sobre ellos y no se abarque también a la economí­a informal, en donde se conoce, hay productos que no son de la misma calidad y que podrí­an perjudicar al usuario.

Mónica Gramajo, subdirectora de la DIACO, aseguró que esa dependencia necesitarí­a al menos unos Q90 millones de presupuesto para poder funcionar en la categorí­a de Procuradurí­a.

Lo anterior debido al alcance que se prevé en los 22 departamentos del paí­s y al inventario humano y fí­sico, ya que el actual no se da abasto para la demanda que el cambio implica.

También mencionó que la DIACO en repetidas ocasiones ha puesto de manifiesto la problemática existente en el paí­s respecto a las mesas de diálogo para aprobar cuanto antes la ley en mención, pero sin tener resultados.

Según un sondeo realizado por La Hora, una de cada diez personas, escribe en los libros de quejas de la Diaco, los cuales son un mecanismo por el cual, el consumidor puede dar a conocer una problemática del proveedor del servicio.

El proveedor tiene un plazo de ocho dí­as para trabajar sobre la queja, si no se llegara a un arreglo, el consumidor se debe remitir a la Diaco, para que ella lleve un seguimiento más exhaustivo al proveedor.

Hasta hoy la DIACO ha autorizado más de 70 mil libros, según el artí­culo 13 del Reglamento de la Ley, «el consumidor o usuario dejará constancia de su inconformidad en el Libro de Quejas y el proveedor tiene obligación de atender.