Esa negativa situación fue la razón por la que los Acuerdos de Paz, en 1996, incluyeron la discusión y el acuerdo de temas relacionados con la polí­tica fiscal, presupuestaria y tributaria, sabiendo que si el Estado no tení­a la capacidad de cumplir con sus obligaciones constitucionales, especialmente con el desarrollo social, no podí­a producirse una evolución y un cambio que llevara en parte la paz material y social a los guatemaltecos.

 

El acuerdo respectivo fijó la meta primordial de incrementar la carga tributaria por lo menos en un 50% respecto a la carga de 1995, elevándola al 12% del PIB. Para el efecto, el Gobierno se comprometió a reformar el Código Tributario, establecer mayores sanciones a la evasión, la elusión y la defraudación fiscal, eliminar las disposiciones que facilitaran esos hechos.

 

ílvaro Arzú asumió esos compromisos y aun cuando tuvo la ventaja de que el 1 de enero del primer año de su mandato entró en vigencia el aumento del IVA al 10% y que Cacif aceptó la Ley de Impuesto de Solidaridad Extraordinario y Temporal; así­ como la emisión de bonos del Tesoro de emergencia económica por dos años -que fue pagado por las personas individuales o jurí­dicas-  aceptó como contrapartida la desgravación arancelaria que en tres años redujo a cero los impuestos sobre materias primas y bienes intermedios y adicionalmente aprobó nuevos incentivos fiscales en zonas francas, beneficiando así­ a unos pocos en detrimento de muchos.

 

Lo que sí­ rechazó Cacif fue el aumento de impuestos directos, tal fue el caso del IUSI (Impuesto íšnico Sobre Inmuebles), argumentado que no existí­a un catastro en el paí­s. La Cámara del Agro manifestó que ese impuesto subirí­a el precio de los alquileres y que el sector agrí­cola tendrí­a una doble tributación. Durante 1997 ílvaro Arzú derogó el IUSI, aún cuando en 1998 decretó un IUSI sobre los valores inscritos con una tarifa progresiva. Ese mismo año se promulgó la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), confiándole a la misma la recaudación tributaria, el control y la fiscalización de todos los tributos, excepto los cobrados por las municipalidades.

 

Es en 1997 que se inicia el proceso de negociación  del tema fiscal y a propuesta de la CEPAL se adopta el nombre de Pacto Fiscal, bajo el paraguas de los Acuerdos de Paz, especí­ficamente del Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

 

En teorí­a el Pacto Fiscal lograrí­a los recursos que le permitirí­an al Estado lograr cumplir con las necesidades sociales y a través de su concertación, neutralizar o por lo menos minimizar el poder de veto de los sectores económicos que debí­a de enfrentar el Gobierno. Este proceso debí­a ser promovido a partir de 1997 por el Gobierno, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz (CAAP) que integraban Pablo Monsanto, Raquel Zelaya, Gert Rosenthal, Gustavo Porras, Rodolfo Orozco, Eduardo González, Arnoldo Noriega, Manuel Salazar Tezagí¼ic y Anabella de León. Para el efecto se convocó a un foro nacional que pretendí­a recoger opiniones y consensos de la sociedad civil. La CAAP establece que ese año representa un momento propicio para impulsar el cumplimiento de las metas fiscales de los Acuerdos de Paz.

Continúa.