La cadena de noticias BBC, por su parte, entrevistó a Carlos Castresana, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y entre sus declaraciones destacan la insistencia en que el país se morirá si no se aplican los correctivos legales necesarios.
Castresana indicó que las instituciones de seguridad y justicia de Guatemala están prácticamente colapsadas y son incapaces de proteger a los ciudadanos frente a la extendida criminalidad, pero «el paciente se niega a tomar la medicina que se le recomienda. Y enfermo que no toma las medicinas se termina muriendo.
El abogado español, quien cumple su segundo mandato de dos años al frente de la CICIG, afirma que en Guatemala, y en Centroamérica en general, el Estado ya no es el principal violador de los derechos fundamentales, sino las bandas de delincuencia común y organizada.
En esa medida, dice, una fiscalía internacional como la que dirige -la cual trabaja en el terreno y presenta sus casos ante los tribunales locales- merece ser replicada en otras partes.
«Las maras y las bandas de narcotraficantes en toda Centroamérica ameritarían una respuesta supranacional», señaló.
Incluso en México, donde hay una guerra frontal entre el gobierno y el narcotráfico, una comisión de esta naturaleza, dijo Castresana, «ayudaría al menos a romper la situación de bilateralidad que no está funcionando».
Pero, aclara, es México y cada país el que debe tomar la iniciativa.
«En Guatemala, el gobierno tuvo la valentía política de reconocer el problema y de pedir ayuda, en vez de esconderlo debajo de la alfombra».
La CICIG está compuesta por 180 funcionarios internacionales de 27 diferentes países, y su financiamiento es 100% cubierto por la comunidad internacional, «de forma que no le cuesta nada a los guatemaltecos», dice Castresana, quien también funge como Fiscal del Tribunal Supremo de España.
Cambios constitucionales
Las cifras son así: en un país que tiene apenas 13 millones de habitantes hay más de 6.500 muertes violentas cada año.
«La cultura de la violencia que aún impera en Guatemala es una consecuencia maldita de 30 años de guerra civil», apunta el abogado, quien esta semana realizó una gira por Europa para promover el trabajo de la CICIG.
Según Castresana, la Constitución de Guatemala estaba pensada para una situación en la que el mayor violador de los derechos fundamentales era el Estado, de manera que había que proteger al ciudadano frente al Estado.
«Por ello se establecieron medidas como que la detención preventiva sólo puede durar seis horas, o que los allanamientos sólo se pueden hacerse de día, nunca por la noche.
«Esas medidas, pensadas para esa situación de emergencia, son contraproducentes hoy porque ahora quien asesina y tortura son los grupos criminales, no estatales, y las instituciones carecen de las herramientas legales para proteger a los ciudadanos».
El enemigo que enfrenta Castresana está incrustado en las instituciones, señaló el abogado: «son los aparatos clandestinos de seguridad, estructuras ilícitas heredadas de la guerra civil y que debieron ser desmanteladas en el marco de los acuerdos de paz, pero no lo fueron».
«Si alguien vive en la ilegalidad quiere que los tribunales y los policías no funcionen».
Según Castresana, la sociedad guatemalteca aprueba en su mayoría su labor pues ha mantenido neutralidad política y resuelto casos paradigmáticos.
«Se empieza a creer que se puede vivir en un país en el que es posible caminar por la calle sin que te asesinen sólo para robarte el celular».
Uno de los crímenes resueltos por la CCIG es el del abogado Rodrigo Rosenberg, quien antes de morir grabó un video en el que aseguraba que si era asesinado era por orden del presidente ílvaro Colom.
La investigación concluyó que Rosenberg había planeado su propio asesinato para culpar al primer mandatario.
La CICIG ha detectado policías, fiscales y jueces confiables en Guatemala, pero tales elementos, enfatiza Castresana, necesitan un entorno que los proteja.
«Existen resortes de corrupción en todas las instituciones que hacen muy difícil concretar las buenas intenciones».
«Las recomendaciones que he hecho a los tres poderes en Guatemala, al gobierno, al organismo judicial y al poder legislativo no han sido atendidas en su mayor parte».
Castresana dijo que un fracaso de la CICIG sería más bien un fracaso del país. Advierte que ya no hay tiempo y que se requieren medidas muy drásticas que incluyen incluso reformas de la Constitución.
«El diagnóstico está perfectamente establecido, la ONU ha hecho su parte, pero Guatemala necesita hacer la suya.
«A veces siento la tentación de tirar la toalla. Lo que pasa es que a estas misiones hay que venir sin toalla».