El objeto, darles participación directa a los 333 representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo en el entorno del Consejo Departamental de Desarrollo, para que así­ surta efecto material y no se politice la generación de proyectos de infraestructura y productivos reales para la población, dijeron.

Fuentes, enfatizó que uno de los propósitos es evitar el uso de ONG y empresas que han dejado antecedentes de informalidad, incumplimiento y mala calidad de ejecución de proyectos y que ahora los ejecutores sean las municipalidades que sí­ pueden ser fiscalizables por la Contralorí­a General de Cuentas (CGC), además pueden ser sancionadas penalmente en caso violen las leyes, refirió Julie Fuentes.