Diversas posturas y reacciones genera la posibilidad de que Sandra Torres, primera dama de Guatemala, sea la próxima candidata presidencial del partido de la UNE. Para algunos analistas los programas sociales únicamente son el trampolí­n para obtener la popularidad que necesita.

Según el artí­culo 186, literal C, de la Constitución Polí­tica de la República, el derecho a presentarse como candidato a Presidente está vedado «a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia…», aunque, si bien, es cierto esto no incluye literalmente una prohibición a la Primera Dama, estiman algunos analistas, debido a que los cónyuges no forman grado, según definiciones en el Código Civil.

Esta definición es lo que ha provocado que analistas se muestren a favor y en contra, además tratando de explicar en qué grado de parentesco se encuentra Sandra Torres de Colom. Los consultados a continuación muestran su postura al referir que quien debe tomar la decisión de la candidatura es la Corte de Constitucionalidad (CC).

Para el analista ílvaro Pop, los opositores de la UNE buscarán que esta propuesta no se dé; esto a raí­z de razones jurí­dicas, polí­ticas o incluso por machismo, por lo que el consultado espera que se desarrolle un debate en cuanto al tema.

Además, se ha planteado la posibilidad de que la pareja se divorcie para que la Primera Dama pueda obtener el puesto; sin embargo, en diversas ocasiones la idea ha sido desechada por ílvaro Colom argumentando que, a su parecer, esto serí­a inmoral.

En la opinión del periodista y analista Jorge Palmieri, plasmada en su columna titulada «Campaña Polí­tica Permanente» se lee que «hay quienes dicen que ella (la Primera Dama), y el ingeniero Colom Caballeros están unidos solamente de hecho porque no están casados por la ley ni por la Iglesia Católica, por el hecho que ambos han sido casados y divorciados… y la única ceremonia en la que el ingeniero y doña Sandra participaron fue un supuesto ritual maya (que) tuvo lugar en La Habana, Cuba. Aunque esto no está debidamente demostrado».

PARA ANALIZAR

Según indica Pop, existe la posibilidad de una candidatura de la Primera Dama, no obstante, es necesario realizar algunos «pasos» para ello; primero se deberá establecer un debate polí­tico dentro del mismo partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, (UNE), para llegar a un consenso sobre si ella es la candidata ideal para la presidencia.

Pop explica que respecto a esto, la percepción que se tiene dentro de la sociedad civil es que esta postulación aún no se ha decidido, pues incluso se puede ver que dentro del partido existen otros posibles candidatos que actualmente ejercen funciones públicas y que evidencian deseos de ser presidenciables.

«Llama poderosamente la atención el papel del Ministro de Educación, en su manera de manejarse; así­ como él hay otros personajes que podrí­an en su momento jugar el rol, con limitadas posibilidades pero que están en el debate», dice el experto.

Por otro lado, según el entrevistado se debe analizar la posibilidad de que la UNE presente candidatos que se encuentran fuera del partido.

Para el analista también se debe tomar en cuenta la presión pública, que se puede dar tanto a favor como en contra de Torres de Colom, esta también influirá en la decisión que se tome en la UNE.

El tercer punto es el debate legal, «obviamente se van a agotar todos los recursos, si se tomara la decisión en su momento, en donde se va a desarrollar un debate legal alrededor de la posibilidad de la candidatura», refiere el consultado.

LOS A FAVOR Y LOS EN CONTRA

En la publicación de opinión referida anteriormente se dice que el artí­culo constitucional a analizar incluye al cónyuge, por lo que se niega este derecho a la Primera Dama.

Sin embargo, aunque el periodista no se muestra en contra de la candidatura presidencial de la esposa del mandatario, sí­ afirma que esta deberí­a realizarse luego de finalizado el mandato de ílvaro Colom y que Sandra Torres deberí­a postularse para la siguiente elección.

«Porque no se vale aprovechar todas las acciones que realiza el Gobierno, con dinero del Estado, para hacer una campaña electoral prematura promovida y financiada con recursos del Estado. Si participase como candidata presidencial inmediatamente después de que termine este perí­odo serí­a un claro caso de continuismo», es lo que se lee dentro del artí­culo de Palmieri.

Por otro lado, Adela de Torrebiarte, ex ministra de Gobernación y quien ahora se involucra en polí­tica, explica que «como ciudadanos entendemos que no podrí­a, pero realmente la prohibición legal debe ser analizada por la CC», dice.

QUE RENUNCIE A SU CARGO

Por otro lado, la politóloga Ana Lucí­a Blas, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indica que aparte del análisis legal es necesario conocer que, en caso de ser positiva la candidatura de Torres de Colom, ella deberá renunciar a sus actividades como Primera Dama un tiempo prudencial antes de iniciar con la campaña polí­tica.

«Aunque no es un cargo electo ella se deberí­a alejar de su trabajo en Cohesión Social y en el Gobierno para que no se pueda interpretar como que se están aprovechando los recursos del Estado para hacer campaña, sino competir en igualdad de condiciones con el resto de candidatos», dice Blas.

MIFAPRO

Mucho se ha criticado que los programas sociales impulsados por Sandra Torres se manejen bajo secretividad, más aún cuando se desarrolla una «batalla legal» entre el Ministerio de Educación y la diputada Nineth Montenegro, esto luego de que sucediera algo similar con la Contralorí­a General de Cuentas.

Para algunos analistas estos programas no son más que campaña anticipada; por otro lado, los entrevistados declaran que esta secretividad podrí­a afectar de manera directa la imagen de la Primera Dama en caso ella quisiera postularse a Presidente.

La opinión de Pop es que parece «absurdo» esconder los datos solicitados y será la oposición la que se encargue de utilizar esto como una medida para procurar la descalificación electoral de la Primera Dama.

Por otro lado, la politóloga expone que queda claro que la UNE busca la reelección, pero que es necesario distinguir entre lo que es campaña polí­tica y lo que no. Esto tomando en cuenta que algunos partidos polí­ticos están siendo multados por «llamar a la afiliación», y en caso de comprobar que los programas se usan con ese fin, entonces, dice la experta, «todos deben ser multados».

Además, de Torrebiarte indica que los programas son beneficiosos para un paí­s con altos í­ndices de pobreza y déficit en desarrollo humano, como lo es Guatemala, pero su postura se fija en que estos deben ser más integrales y transparentes, pues se utilizan recursos del Estado.

«Hay que ser muy cuidadosos y respetuosos porque se están usando fondos de los guatemaltecos y es para los guatemaltecos, pero debe ser de una forma ordenada y transparente», indica la entrevistada.

Además, la ex ministra afirma que el hecho de que la población critique la falta de información, no así­ el propio programa, puede influir en la decisión de los votantes, puesto que se trabaja con el dinero que se obtiene de los impuestos que ellos pagan.