Salvador Xolhuitz es una finca ubicada en Nuevo San Carlos, Retalhuleu. Hace cinco años, 89 familias obtuvieron el crédito del Fondo de Tierras para comprar dicho inmueble. De este grupo, 14 familias se organizaron para impulsar proyectos productivos agrícolas al margen de los servicios técnicos de Fontierras. Sin embargo, cuando cuentan con capacidades para la comercialización de sus productos, la ineficiencia de Fontierras ocasiona que sean desalojados de la finca.
Para la obtención del crédito de Fontierras era necesario conformar una asociación civil, en la cual a la junta directiva se le otorga poderes de decisión que como fue en este caso, pueden afectar a la misma comunidad.
Entre el grupo de 14 familias organizadas con proyectos productivos, y la otra parte de la comunidad ha existido una serie de diferencias. Las 14 familias funcionan con un sentido comunitario, visualizan la propiedad de la tierra como un beneficio colectivo y no individual y por otro no ven en los servicios técnicos de Fontierras una alternativa real para salir de la pobreza.
La otra parte de la comunidad, el grupo mayoritario, tiene una visión más individualista del trabajo, promueve la junta directiva de la asociación y dentro de ellos mismos hay coyotes que compran el producto de los mismos comunitarios, y además han utilizado el servicio técnico de Fontierras sin mayores resultados.
El grupo de 14 familias tenía ya la posibilidad de vender la mercedaria empaquetada, y contaban con una bomba de agua que iba a servir para sus casas, y un proyecto de riego de huertas familiares, mientras que parte del crédito de Fontierras destinado a capital de trabajo, no lo había utilizado esperando destinarlo directamente al pago de la finca.
Por su parte, la asociación conformada para la compra de la tierra vende su mercadería a intermediarios, sin haberla procesado, lo cual hace al producto poco rentable, y no ha generado los ingresos necesarios que den la oportunidad a la comunidad de mejorar sus niveles de vida, en tanto que su capital de trabajo ha sido invertido sin resultados positivos.
Muchas de las diferencias aquí mencionadas, aunque pudiera haber otras, han llevado a un conflicto entre la asociación y las 14 familias que tienen funcionando sus proyectos productivos. La asociación, con la autoridad que le asigna Fontierras decide hacer una depuración de su lista de beneficiarios dejando por fuera al grupo de 14 familias, lo que llevó a una disputa legal que llevó finalmente al desalojo violento de las 14 familias por parte de grupos dirigidos por la asociación.
En julio pasado, las 14 familias lograron que el Juez de Paz de Retalhuleu dictaminara a su favor, sin embargo, Fontierras tardó cinco meses en notificar que éstas serían incluidas nuevamente en la lista de beneficiarios. Cuando lo hicieron, la asociación dirigiendo una turba de 250 personas ya había perpetrado el desalojo de unas 10 de las 14 familias. Luego, las familias afectadas supieron que el MP había traspapelado el expediente donde ellos notificaron la ilegalidad cometida por la asociación.
En estos hechos puede visualizarse la ineficiencia de instituciones como el Ministerio Público, pero principalmente Fontierras. En primer lugar, por establecer mecanismos para la compra de terrenos que dan poder a unos comunitarios sobre otros. Segundo, por no atender a tiempo una situación de conflicto y ser negligentes cuando debían haber reincorporado a las 14 familias al listado de beneficiarios. Y tercero, porque sus servicios de asistencia técnica no dan resultado en beneficio de las comunidades. Otra prueba más de que la reforma agraria asistida por el mercado falló.
Hasta hoy, se sabía que diez de las catorce familias no tenía acceso a sus casas, y que su maquinaria productiva estaba en riesgo.