Constitucionalmente está establecido que la emisión de las leyes corre a cargo del Organismo Legislativo. Las leyes que se emiten pueden ser de rango constitucional o de carácter ordinario. En ambos casos, lo que deberí­a presupuestarse es que las leyes constituyan y se conviertan en instrumentos legí­timos que desarrollen, enriquezcan y concreten los avances y cambios que las condiciones y circunstancias nacionales e internacionales determinan. No ignoro ni desconozco la precariedad de nuestro ordenamiento constitucional y, a sabiendas de ello, es el agotado y caduco ordenamiento vigente lo que hay que cambiar a partir de la institucionalización y legitimación de los avances y cambios que la realidad y condiciones actuales exigen y demandan.

La función legislativa es incompatible y contraria a toda regulación de carácter casuí­stico o que beneficie y proteja a un sector de poder o grupos de poder y de presión. Menos aún debe servir a aparatos paralelos. Lo que debe prevalecer es el interés social. Según el párrafo segundo del artí­culo 44 constitucional, el interés social prevalece sobre el interés particular. El contrasentido es que al momento de legislar no se interpreta ni se cumple y aplica así­. Al contrario, queda librado a la discrecionalidad del legislador, discrecionalidad que en reiterados casos supone retrocesos en relación a la normativa constitucional misma así­ como que por su contenido y espí­ritu y por la forma como la normativa queda redactada, se aprueba e interpreta, determina incongruencias e imprecisiones a las que el juzgador ha de enfrentarse al momento de su aplicación y cumplimiento.

5.- Las reformas propuestas: camino a seguir. No es por la intención o propósitos que anima a proReforma y a la bancada Lider que se discrepa de ellas y se cuestionan sino, en lo fundamental y además, por lo que representan para el ordenamiento constitucional guatemalteco, la institucionalidad, estabilidad y gobernabilidad, el desarrollo, el progreso y futuro del paí­s, la nación, el Estado y la República.

En lo sustantivo y formal, las propuestas acentúan la globalización neoliberal; reproducen y perpetúan la institucionalidad liberal, individualista, neodependiente, discriminadora y excluyente. Lo que se propone no fortalece la institucionalidad ni la estructura y funciones de los tres Poderes del Estado y el Estado en su conjunto, sus instituciones y dependencias, ni legitima el ejercicio del poder polí­tico, ciudadano, social y popular.

Las propuestas no van al fondo de lo que hay que reformar y, menos, de lo que hay que cambiar. De ahí­ que sean más sus limitaciones que su proyección, así­ como lo que se puede avanzar y modernizar con aprobarlas. Constituyen, además, un retroceso que viene a sumarse al que ya de por si padece el agotado, caduco y precario ordenamiento constitucional. Esto, por una parte.

Por la otra, el ordenamiento constitucional vigente y las reformas que se proponen no corresponden a la época actual ni resuelven los problemas de fondo, propios de este siglo ni del punto de inflexión en el que se está en lo nacional y a nivel mundial.

Como es fácil advertir, lo que hasta aquí­ llevo planteado, es un intento de aproximación al análisis del ordenamiento constitucional guatemalteco de los últimos 55 años y una opinión, también de carácter general, sobre las reformas propuestas. En una elaboración posterior -luego de lo que el Pleno del Congreso de la República acuerde sobre la opinión de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Organismo Legislativo respecto a la cuestión-, me ocuparé, en detalle, de las principales propuestas hechas por proReforma y la bancada Lider. Por ahora, esbozo lo que en mi opinión deberí­a ser el camino a seguir.

De lo que se trata, en mi opinión, es de institucionalizar y legitimar el carácter real, funcional, democrático y participativo del Estado, la Nación, la República y el Paí­s, así­ como del ejercicio pleno y protagónico del gobierno y el poder polí­tico, ciudadano, social y popular. (Continuará). http://ricardorosalesroman. blogspot.com/