El ex presidente Manuel Zelaya encabezó el lunes una protesta contra la decisión de las autoridades de dictar arresto domiciliario de uno de sus colaboradores encausado por corrupción, una medida que considera violatoria del Acuerdo de Cartagena que permitió el regreso de Honduras a la OEA.
Acompañado de centenares de seguidores, Zelaya llegó hasta la sede de tribunales donde dijo a la prensa que «estoy aquí para demandar justicia porque no es justo que se persiga a los afectados por el golpe de Estado (de junio de 2009) mientras se protege a los golpistas».
El pacto de Cartagena habría revertido el rechazo de países como Venezuela, Brasil y Nicaragua de que se aceptara el regreso de Honduras a la Organización de los Estados Americanos a cambio de que cesarán los procesos judiciales en los que Zelaya y sus colaboradores eran acusados de corrupción y que fueron iniciados después del golpe de estado.
«Se ha iniciado una persecución contra los opositores y se irrespetó el Acuerdo de Cartagena. Y no habrá reconciliación en Honduras mientras no haya equidad para todos», expresó el ex gobernante.
El ex ministro de la Presidencia Enrique Flores había sido convocado a una audiencia dentro del proceso que se le sigue, pero la misma fue suspendida después de que la Fiscalía recusó a la jueza a cargo de la causa María Dolores López, aduciendo que la jurista sobreseyó los casos a al menos seis ex funcionarios de Zelaya sindicados de corrupción.
El dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), un movimiento que respalda a Zelaya, Juan Barahona, afirmó a la AP que la movilización «es contra el poder judicial por el atropello que comete en contra de los compañeros… y estamos en las calles para protestar contra ese poder golpista».
«El poder judicial atenta contra Flores, miembro de la Comisión Política del FNRP», agregó Barahona.
Un juez dispuso el miércoles el arresto domiciliario de Flores y a pagar en 30 días una fianza de 1,4 millones de dólares, la que el ex funcionario dijo que no lo haría por carecer de dinero. La fiscalía lo acusa de malversar unos cinco millones de dólares en su gestión.
Flores, quien se refugió en Nicaragua luego del golpe contra Zelaya en junio del 2009, retornó a Tegucigalpa el 28 de mayo en el mismo avión que ese día trajo a Zelaya (2006-2009) del exilio.
El presidente Porfirio Lobo aseguró en la víspera que su gobierno no violó el trato y pidió a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, integrada por Colombia y Venezuela, a nombrar juristas internacionales para a verificar la situación legal de Flores. Esa comisión aún no se ha pronunciado sobre el tema.