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Previo a la inauguración de un acto público realizado recientemente, el ministro de la Defensa Nacional, Abraham Valenzuela, detalló ante los medios que en enero de este año autoridades de esa cartera se percataron de la desaparición de unas 45 armas de fuego. Entre ellas destacan fusiles M1, carabinas M1 y fusiles M16.

Luego de dos robos de armas que se encontraban resguardadas en bodegas custodiadas por guardias del Ejército de Guatemala, resurge la duda de la existencia de estructuras paralelas o personas infiltradas dentro de la institución.

Y pese a que estos hechos se dieron con dos años de diferencia, a decir de las entrevistadas a continuación, esto sólo evidencia la corrupción que se maneja, desde años anteriores, dentro del que debiera ser el Ministerio más seguro de Guatemala.

Para Hellen Mack, activista en Derechos Humanos y nombrada por el presidente ílvaro Colom para ser la comisionada para la reforma policial, indica estar segura de que existe infiltración en la entidad, cuestión que queda demostrada con el robo de estas armas.

«Cuando se han hecho las pruebas de polí­grafos, tanto los militares como a los policí­as salen exactamente igual, lo único es que a los policí­as es a quienes se les friegan pero igual de corrupto está el Ejército como la Policí­a», afirma.

La diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, hace una reflexión sobre que el único ente del paí­s que tiene registro de armas y municiones, así­ como la compra de armamento y equipo es el Ejército, «por lo tanto los únicos responsables de que esas armas se hayan perdido son las estructuras adentro de la institución armada, y son los únicos que deberí­an responder», dice.

Montenegro asegura que esta rendición de cuentas no deberí­a realizarse ante un tribunal militar sino ante tribunales ordinarios, esto, debido a que se habla de dinero público.

Sin descartar o afirmar

Respecto a la existencia de infiltrados en la institución, el vocero del ministerio de la Defensa, Byron Gutiérrez, manifiesta que no se puede descartar o afirmar este hecho ya que no es esta cartera la que maneja la investigación.

«Por ser un hecho ilí­cito penal, el responsable de la investigación es en el Ministerio Público, nosotros no podemos entrar a hacer investigaciones cuando hay delitos penales, nosotros vamos a tomar las medidas administrativas pertinentes, pero separando lo penal de lo administrativo», asegura.

El destino de lo robado

No es difí­cil imaginar el paradero del armamento que fue sacado del resguardo militar, por un lado, en declaraciones realizadas a la Prensa, el titular de la cartera militar expresó que presumiblemente habrí­an llegado al crimen organizado.

Al respecto, Mack llega a la misma conclusión pues asegura que la tenencia de las armas se evidencia «cada vez que hay delitos como muerte de pilotos y narcotráfico, están distribuidas en el crimen organizado», dice y asegura que ha faltado voluntad polí­tica de parte del Ejército para hacer la persecución penal, ya que cuenta con los elementos necesarios para realizarla.

También, la diputada de Encuentro por Guatemala asegura que «hay que investigar profundamente, sobre todo cuanto se conoce que hay trasiego de armas, venta de armas en forma ilegal, las que pueden llegar al narcotráfico o al crimen organizado, no nos consta pero es lo que se estipula», dice.

Historia de impunidad

Al parecer la existencia de estructuras infiltradas dentro del Ministerio de la Defensa Nacional no es reciente, pues desde años anteriores se han presentado denuncias como la realizada por Amnistí­a Internacional, AI, entidad que en 2005 presentó al entonces presidente í“scar Berger su memorando AI en donde expresaba su preocupación por la existencia de infiltrados, tanto dentro de las filas del Ejército como dentro de la Policí­a.

En dicho documento, AI presenta una serie de recomendaciones «clave» al Gobierno guatemalteco para que este garantice el respeto de los derechos humanos, ponga fin a la impunidad y fortalezca la administración de la justicia.

Para Montenegro es necesario, al realizar un análisis sobre esto, los 36 años que duró el conflicto armado interno, «son más de cuatro décadas de que la institución armada ha tenido el control sobre todo, sobre el Estado, los presidentes de facto o gobernadores fueron precisamente militares, creo que lleva muchos años atrás este teatro», asegura la entrevistada.

Por otro lado, la activista en Derechos Humanos afirma que el Ejército siempre ha padecido de corrupción, «toda la vida ha habido, (infiltración), lo que pasa es que ellos siempre han gozado de los beneficios de la impunidad, han metido presos a los policí­as y ellos se han quedado en total impunidad», afirma.

Para Mack, el hecho de que ahora se investigue a la institución se debe a que «los escándalos son de tal magnitud que ya no los pueden seguir escondiendo, pero el Ejército siempre ha tenido corrupción a lo interno y siempre ha quedado en la impunidad», agrega.

Largo proceso de cambio

Para evitar que hechos como el robo de armas, que terminan en manos del crimen organizado u otras organizaciones contrarias al bien de la sociedad, es necesario plantear un proceso de cambio.

El vocero de la institución castrense asegura que, como parte de un proceso que se realiza en el Ministerio, se revisan los procedimientos y las medidas de seguridad del lugar que resguardan el armamento para evitar que esto vuelva a suceder.

«Lo más importante para nosotros es que esto no vuelva a suceder», dice Gutiérrez.

Por su parte, Hellen Mack indica, «ellos tienen los controles suficientes para hacerlo, (evitar la corrupción), especialmente el Ejército, si supuestamente ellos son profesionales como dicen, deben tener la capacidad porque tienen los suficientes elementos para poder hacer una investigación profunda y determinar responsabilidades».

Además, Mack señala que hace falta voluntad polí­tica de parte de la institución castrense para buscar el cambio dentro de la misma, «yo considero que no la hay», asegura.

Para la comisionada, la evidencia más clara que se presenta sobre la falta de voluntad polí­tica es la poca apertura en la información concerniente a la institución, «se escudan bajo el pretexto de que es información clasificada y ese fue el camino que siguió el Ministerio de Gobernación para esconder toda la corrupción que hay detrás», dice.

Por su parte, Montenegro asegura que «es un monstruo de varias cabezas y es muy difí­cil porque tiene que haber mucho coraje para meterse a fiscalizar y entrar a la entraña del lobo es muy difí­cil, la mayor dificultad es que ellos no necesitan la Ley de Contrataciones, pueden comprar a cualquier empresa y no utilizan el portal de Guatecompras».

Al respecto, el titular de la unidad castrense señala que dentro del Ministerio se aplicarán las medidas necesarias para prevenir que estos hechos vuelvan a suceder. Entre estas medidas se encuentran la suspensión de las labores sin goce de sueldo hasta establecer un juicio a quienes resulten involucrados.

«Algunas personas van a salir directamente involucradas y van a ser puestas ante la justicia, y otras personas puede ser que no tengan vinculación directa, sin embargo, van a ser sancionadas disciplinariamente, de acuerdo a nuestra Ley», asegura.

Violencia castrense

Hechos como las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de parte de miembros de la Policí­a Nacional Civil fueron denunciadas recientemente por Amnistí­a Internacional, sin embargo, estos crí­menes no son exclusivos de esa institución ya que para la activista Hellen Mack, elementos castrenses también han cometido estos actos de violencia.

«Antes se hací­a exactamente lo mismo, pero lo que ha cambiado es la motivación, antes era dizque combatiendo la subversión, ahora es por enriquecimiento ilí­cito», dice la entrevistada.

La activista también da su punto de vista respecto a la apertura de destacamentos militares en lugares en donde, incluso, la población no ha estado de acuerdo, «la población está muriendo engañada, creyendo que el Ejercito es más seguro que la Policí­a y no es cierto, son igual de delincuentes unos como los otros», dice.

Esto se debe a que «se prefiere al Ejército porque se sabe que ellos son matones, entonces, ante la violencia la gente cree que hay que responder así­, pero ya se ha demostrado que eso no resuelve los problemas porque el origen está en otro lugar que se llama corrupción e impunidad», finaliza la entrevistada.