La CSJ le rompe el blindaje a la secretividad de la información de MiFaPro que el Gobierno ha decidido guardar bajo reserva durante siete años hasta 2016.

En un nuevo revés para Cohesión Social se transformó la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), constituida en Tribunal de Amparo el cuatro de febrero, al resolver que se cumpla con entregar la información a Nineth Varenca Montenegro Cottom.

«Y fija que sea dentro del plazo máximo de tres dí­as, en la forma y condiciones de solicitud», se lee en la decisión firmada por César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer, presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La legisladora Nineth Montenegro indicó que el Ministerio de Educación Pública ahora tendrí­a que hacer entrega de lista de beneficiarios de «Mi Familia Progresa» (MiFaPro), que serí­a nombre completo, dirección, número de cédula, monto recibido a la fecha por cada beneficiario.

Asimismo, listado geográfico que tiene «MiFaPro», desglosado por departamento, municipio, aldea o caserí­o, comunidades pobladas «y la copia del Instituto Nacional de Estadí­stica (INE), porque insisto, preocupa que estén pidiendo el (número de) empadronamiento», resaltó la parlamentaria.

í‰dgar Rosales, vocero de Cohesión Social, al referirse a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, dijo «no define lo que está en disputa».

Agregó que hay que recordar que los datos de los beneficiarios fueron declarados bajo reserva con base en la facultad que la Ley de Libre Acceso a la Información le otorga al ministro.

LOS DE LA FOTO

La diputada insiste que no hay oposición a los programas sociales que tratan de ayudar a las personas de escasos recursos, sin embargo se cuestiona que la ayuda se vierta en forma «clientelar como se ha hecho poniendo la foto de la pareja presidencial», y que por el contrario sirva para la gente de más escasos recursos, «esté o no esté este Gobierno», recalcó.

La lucha de fiscalización de los programas sociales los ha venido desarrollando la diputada desde hace catorce meses cuando entre noviembre y diciembre de 2008 empezó la batalla por conseguir la información real.

Desde el 29 de julio del pasado año, el pedido sobre los datos se le requirió a la entonces ministra Ana de Molina, quien también resistió la entrega y antes renunció al cargo que haberse obtenido la información que está en juego.

Sin embargo todaví­a está el riesgo que el titular de la cartera de Educación resista la entrega de los datos en cuestión, porque ya no tienen ningún recurso que agotar, según expresó Montenegro.

Apreció que si el titular de la cartera educativa desobedeciera, «estarí­a él cayendo en desacato, desobediencia a las autoridades de justicia que son las que ejercen justicia o «mandatan», entonces serí­a delicado porque podrí­a no solo pedirse su remoción del cargo», enumeró.

Ojalá y no, enfatizó, porque puede ser sujeto de pago de multa y hasta fácilmente abrí­rsele un proceso a Bienvenido Argueta, advirtió la diputada.

Este dí­a está previsto que continúe la interpelación a Bienvenido Argueta, donde se prevé que los diputados patriotas enfaticen sobre el tema y que la diputada Montenegro se sume incluyendo con el recordatorio que hasta la misma Corte de Constitucionalidad le negó ya un recurso de revisión para seguir frenando la entrega de la documentación de MiFaPro.