Dos mujeres guatemaltecas que han sobrevivido a las manifestaciones más brutales de la violencia de género en el paí­s luchan para seguir de pie y caminan en busca de la justicia, la cual también les ha puesto varios tropiezos. Aunque los kilómetros de distancia entre la vivienda de una y otra no les permiten conocerse, Mindy Rodas Donis y Adelma Cifuentes tienen una trágica historia en común: ambas son sobrevivientes de un intento de asesinato por parte de sus convivientes.

Pero esa no es la única caracterí­stica en común entre ambas mujeres, pues aunque existe una ley especí­fica para castigar la violencia y los asesinatos contra las mujeres en el paí­s, la justicia dejó en libertad a los agresores de ambas.

Las secuelas de la violencia contra ellas son muy fuertes y algunas irreversibles, no obstante, ambas siguen en la lucha contracorriente que implica la justicia en Guatemala.

SIN ROSTRO…

Mindy Rodas fue ví­ctima de una agresión extrema de su conviviente, cuya intención, concluyen los investigadores, era quitarle la vida y que nadie pudiera reconocerla, pero sobrevivió y emprendió el camino en la búsqueda de justicia.

Mientras Mindy caminaba junto a su ex conviviente, Eswin Esteban López Bran en julio de 2009, recuerda que fue golpeada en la cabeza y no pudo defenderse más. Por momentos recuperaba el conocimiento y observó a su agresor frente a ella con un cuchillo en la mano, luego pudo sentir que el filoso cuchillo cortaba su rostro.

Cuando despertó, Mindy no tení­a una sola prenda en el cuerpo, posteriormente se dio cuenta que su rostro goteaba sangre y empezó a palparlo: su sorpresa fue que no podí­a sentir su nariz ni sus labios, ni la barbilla.

Encontró cómo llegar a un hospital y empezó a recuperarse, dí­as después del hecho su conviviente fue aprehendido y compareció ante el juez de Cuilapa, quien le otorgó una medida sustitutiva.

El MP abrió una investigación por femicidio en grado de tentativa, sin embargo, el juez de Cuilapa, Amí­lcar Colindres, consideró que ese era un caso de «lesiones graves», un delito que tiene medida sustitutiva, por lo que el agresor recuperó su libertad.

¿CUíNTO VALE UNA VIDA?

Adelma Esperanza Cifuentes es una mujer de 37 años y es una sobreviviente de una de las peores manifestaciones de violencia contra la mujer, pues su ex conviviente intentó asesinarla contratando a varios sicarios para ello.

Pero Adelma no sólo sobrevivió a ese intento nefasto de asesinato, también a 14 años de violencia intrafamiliar. Todo empeoró para ella el 18 de marzo de 2008, cuando un grupo de hombres ingresó a su vivienda y le disparó con una escopeta con la intención de matarla; según la fiscalí­a, su ex esposo habí­a pagado Q6 mil a dos sicarios para asesinarla; sin embargo, no lo consiguieron.

El caso de Adelmita es paradigmático, pues su ex esposo, René de Jesús Monzón, de 36 años, quien presuntamente habí­a contratado a los sicarios para darle muerte, fue inicialmente procesado por los delitos de parricidio en grado de tentativa y amenazas, y no por violencia contra la mujer.

El 20 de marzo último Monzón Cifuentes fue enviado a prisión preventiva, según resolución del juzgado Primero de Instancia Penal de la capital, el cual consideró que habí­a elementos suficientes para enviar a prisión al supuesto victimario. La jueza Carol Flores no ligó a proceso al sindicado por violencia contra la mujer porque el ataque se cometió antes que la Ley que contempla ese delito fuera aprobada.

No obstante, el sindicado recuperó su libertad con una fianza de Q1 mil, luego que su defensa solicitó la reforma de los hechos ilí­citos por el de lesiones graves, la cual fue otorgada por la jueza.

INCANSABLE LUCHA

Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, querellante en los procesos penales abiertos por estos casos, opina que a estas alturas los jueces del sistema de justicia aún tienen un «profundo» desconocimiento de la ley especí­fica, lo que califica de «preocupante».

«Si los jueces no conocen el marco jurí­dico vigente, estamos muy mal, porque prevalece toda una visión machista y patriarcal que procura la protección entre hombres. Lo delicado es que hay juezas que han dejado en libertad a los agresores de las mujeres y las sobrevivientes quedan vulnerables de ser asesinadas», refiere Cruz.

A criterio de la activista, el machismo es lo que más influye en los jueces y juezas para otorgar medidas de libertad a quienes atentan de esa forma contra las mujeres y reitera que hay casos de juezas que aplican la ley con visión de hombre: «Con ello hacen que el Estado entre en una dinámica de desgaste, porque se han tenido que entrar a recusar a los jueces, pedir que el Organismo Judicial haga trámites administrativos para sancionarlos; pero lo peor es que genera impunidad», enfatiza.

La activista dijo finalmente que la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia aún debe ser difundida y que los juzgadores deben recibir mayor capacitación respecto a esta, además subraya: «Las mujeres tenemos que asumir que esta ley no es un instrumento para intimidar, para meterle un susto al hombre, y que si yo presento una denuncia tengo que tener claridad que mi pareja se va ir presa o será sancionada de acuerdo a la legislación», indicó.

PIEDRAS EN EL CAMINO

Blanca Sandoval, titular de la Fiscalí­a de la Mujer del Ministerio Público, se refiere justamente a las piedras que la fiscalí­a encuentra en cuanto a la persecución penal contra agresores de mujeres; una de ellas es que esa instancia no investiga los procesos relacionados con tentativas de femicidio, sino los de violencia fí­sica, sexual y económica en contra de las mujeres.

Sin embargo, Sandoval señala que la mayorí­a de ví­ctimas tienden a desistir de los casos o a no realizarse los peritajes que la fiscalí­a ordena para acreditar daño psicológico dentro del proceso penal.

«Por ejemplo, si hablamos de casos de violencia psicológica dependemos de un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que si no se practica no se puede acreditar ante un juez que existió esa violencia, en estos casos es imposible y de nuevo la propia ví­ctima es un obstáculo», explica la fiscal.

Pero para el MP los jueces también constituyen un obstáculo, pues la fiscal Sandoval señala que en muchos casos han solicitado que las ví­ctimas declaren como anticipo de prueba pero que los juzgadores no las autorizan: «Debido a que las ví­ctimas tienden a desistir solicitamos esta diligencia y los jueces la deniegan porque argumentan que la ví­ctima sí­ está en condiciones de asistir al debate, entonces eso nos complica la persecución penal», refiere.

Pero eso no es todo, pues la fiscal señala que hay casos en los que los jueces en lugar de ordenar la detención de los agresores, resuelven que estos sean citados a declarar de forma indagatoria; además, la fiscalí­a ha pedido que se practique un examen psicológico para saber el estado de salud mental de los victimarios y lo deniegan indicando que no es una facultad que les compete. La abogada señala que desde la entrada en vigencia de la Ley sólo ha habido una sentencia condenatoria por el delito de femicidio en grado de tentativa.

REPRODUCIENDO EL SISTEMA

Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que la Ley contra el femicidio ha tenido un impacto positivo en la sociedad debido a que enví­a mensajes de que el Estado no tolera la violencia contra las mujeres, y que es su decisión sancionar este tipo de hechos, no obstante, considera que la debilidad de esta es que no se tienen las condiciones necesarias para hacerla efectiva.

«Hace falta por ejemplo mayor capacitación de los operadores de justicia: las relaciones de poder entre hombres y mujeres es un tema muy profundo y los jueces, fiscales y defensores deben estudiar ese tipo de elementos», considera Canteo.

Sin embargo, el analista enfatiza que «no se tienen los recursos necesarios para implementar la ley» y que ello ha generado deficiencias, pues «se aprueban leyes pero no se otorgan los recursos suficientes», considera.

Además, el entrevistado se refiere a los factores que generan resoluciones como las de los casos mencionados y sus efectos, indicando que la sociedad guatemalteca es machista y que por lo tanto «no podemos pretender» que haya un sistema judicial que no reproduzca esa realidad social, indica.

«El sistema judicial reproduce las relaciones de la sociedad guatemalteca, por eso es importante no sólo enfocar estos fenómenos en el área penal sino en los problemas de fondo que los generan, pues la sanción penal tiene sus lí­mites y los jueces reproducen esas relaciones de poder social, el ejemplo más claro es que la justicia llega tan engorrosamente a mujeres, a pueblos indí­genas, etcétera», enfatiza Canteo.