Carlos Mencos, contralor General de Cuentas (CGC), sigue sosteniendo su idea que en la medida que la información toda esté a la vista de todos, será una buena forma de transparentar la ejecución presupuestaria.
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Eso incluye los programas sociales y toda la ejecución en las instituciones del Estado, agregó Mencos, porque todo aquello que impulsa el Gobierno y que se ha cuestionado debería ser público para evitar contratiempos o dudas.
La entidad contralora del gasto sigue analizando la información de beneficiarios de «Mi Familia Progresa» que les fue entregada y que supuestamente presentaba duplicidad y fue recodificada.
í‰dgar Rosales, vocero de Cohesión Social, dijo que respetan la idea del Contralor pero no la comparten, porque la información de cédula, domicilio y dirección que se encuentra en el portal de internet no son tan importantes como el fin de ayuda social que se ha logrado con las familias.
Rosales dio a conocer que sobre la duplicidad de casos apenas 23 de ellos ya han sido depurados porque el error menor estuvo en la fase inicial de preparación de beneficiarios y algunos nombres aparecieron posteriormente a la información definitiva como duplicidad.
Los casos de duplicidad de información señalados no es cierto porque efectivamente hay homónimos, pero el margen de error por duplicidad quizá no rebase más de 120 casos, se informó.
El Partido Patriota difundió un boletín donde consigna que al Ministro de Educación se le preguntará otra denuncia que han recibido sobre la supuesta exigencia a los beneficiarios, ahora del número de empadronamiento para recibir la ayuda social.
í‰dgar Rosales desvirtuó ese extremo, por el contrario denunció que el líder visible, Otto Pérez Molina, supuestamente en sus giras departamentales estaría ofreciendo duplicar la ayuda que hoy está brindando el gobierno. Eso sí se calificaría de clientelismo anticipado, dijo Rosales
Roxana Baldetti, secretaria general del Partido Patriota, rechazó que se esté acusando de que sus jornadas de trabajo político estén sirviendo para ello, «eso tampoco es cierto, no somos tan irresponsables», rechazó Baldetti.
Vamos a insistirle al Ministro de Educación que responda si las denuncias sobre ciertas pruebas son ciertas y si en los cuadros que se manejan en la educación se está pidiendo el requisito de empadronamiento, adelantó.
Está previsto que la Contraloría General de Cuentas concluya la investigación sobre el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, para evaluar si corresponde el reintegro de viáticos entregados por 120 mil quetzales para un viaje que a finales de enero realizara el funcionario judicial a Brasil junto a una asesora.