El constitucionalista que legitima a un gobierno de facto es electo en una situación de hecho; es decir, cuando no se dan las condiciones para el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y las garantías individuales se encuentran restringidas. Ello no permite la celebración de votaciones libres y sus resultados no expresan la voluntad popular y ciudadana. La vigencia de lo que la Constituyente emite adquiere validez y nace a la vida jurídica a partir del momento que el gobierno así electo toma posesión del cargo y se instala el Congreso de la República.
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Con relación a la alternabilidad no es posible hablar -a partir de junio de 1954- de alternabilidad electoral y, tampoco, de alternabilidad en el ejercicio del poder político. La alternabilidad en Guatemala se da mediante la sucesión de juntas militares; gobernantes de facto; presidentes fraudulentamente impuestos; mandatarios designados; coroneles y generales golpistas; y, en los 24 años más recientes, los cinco civiles electos y uno designado por el Congreso, son la continuidad del ya agotado, desgastado, caduco y en crisis sistema electoral y de partidos y gobierno.
En estos 55 años, el poder político ha estado en manos de 38 gobernantes de los que tres han sido presidentes designados, seis juntas militares, un gobernante «electo» por plebiscito a viva voz, un mandatario interino, un Jefe de Estado de facto, 11 presidentes electos -tres de ellos impuestos fraudulentamente- y, los últimos seis, corresponden a la llamada transición a la democracia o apertura política iniciada en 1985.
De 1985 en adelante lo que se da, en lo electoral, es la alternabilidad formal en tanto que en nada o en casi nada se diferencian las propuestas a ser votadas y lo mismo sucede en cuanto a la alternabilidad en el poder: los gobiernos que sucesivamente se han instaurado, representan los mismos o muy parecidos intereses.
En lo electoral, el votante no tiene posibilidad de escoger entre varias propuestas verdaderamente diferenciadas. La opción que así se impone no es más que la sucesión de partidos o coaliciones políticas coyunturales que dan continuidad, reproducen y perpetúan ese sistema electoral y de partidos y gobierno en crisis.
El comportamiento ciudadano es, en consecuencia, sui géneris. El ciudadano acude a las urnas a sufragar por el menos peor o a castigar al gobierno de turno no votando por el candidato oficial. Es por ello y otros factores más que no se han producido los reales y verdaderos cambios que el país necesita.
4.- Sustento doctrinario y estudio del Derecho. Si algo gravita e influye con todo su peso en la precariedad de nuestro ordenamiento constitucional y en el sistema judicial, en general, es su sustento doctrinario y jurídico.
Una de las características de la enseñanza del Derecho y su práctica en nuestro medio es su rezago, doctrinarismo y memorización codiguera. No se educa ni se forma al futuro jurista a la luz de las corrientes más avanzadas del pensamiento y la práctica jurídica. Tampoco se le dota de los instrumentos científicos para conocer, interpretar y explicar nuestra historia y la realidad y condiciones concretas del país, y la cambiante, acelerada y dinámica situación internacional.
No se trata de exagerar ni generalizar. Pero la enseñanza y aprendizaje del Derecho es una enseñanza descontextualizada y un aprendizaje dogmático, en abstracto e, igualmente, un estudio descontextualizado y una formación dogmática, en abstracto.
En sus aspectos más generales hay que decir que la política educativa en nuestro país se caracteriza por sus grandes limitaciones que se dan desde el nivel primario al superior. Las deficiencias de la educación primaria se reproducen y no se superan en el nivel secundario, tampoco se corrigen a nivel universitario, se acentúan.
En cuanto al nivel superior ojalá no fuera cierto que lo que tiende a predominar es el utilitarismo y pragmatismo, el mercantilismo e individualismo, el egoísmo y menosprecio y subestimación del docente y del alumno al estudio, conocimiento, interpretación y explicación de la realidad del país, su entorno internacional y las características de nuestra época.
Además, a nivel primario, secundario y superior no se promueve, estimula, programa e inculca la educación cívica y ciudadana, nuestra identidad multiétnica, pluricultural y multilingí¼e, el sentido de pertenencia a la nación y al país, el respeto a la Patria, y la defensa de la independencia, la soberanía y nuestra autodeterminación. (Continuará). http://ricardorosales roman.blogspot.com.