Variadas son las manifestaciones del Estado precario que caracteriza a Guatemala y que para muchos es ya un Estado fallido por su incapacidad para aplicar la ley y garantizar por lo menos la seguridad de los habitantes de la República. Pero las distintas manifestaciones criminales mediante las que la gente se toma la justicia por propia mano son posiblemente de las más graves consecuencias del régimen de absoluta impunidad que hemos ido construyendo.
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Mientras los pobladores reaccionan violentamente con los linchamientos para castigar a reales o supuestos delincuentes, los empresarios contratan sicarios como los que operaron en el caso Rosenberg para mandar al otro potrero a cualquiera. Es tanta la oferta de asesinos que éstos se conforman con el pago de tres mil quetzales por disparar contra las víctimas, lo que evidencia cuán grave es la situación.
Pero está a la luz otra forma criminal en la que se privatiza la seguridad y la justicia. Gente vinculada con las fuerzas de policía o del ejército, que pueden o no estar de baja pero que, como los sicarios de Rosenberg, mantienen vínculos con las estructuras de seguridad del Estado, se organizan para ofrecer vigilancia y represión a cambio de un pago que hacen entre grupos de vecinos. Ayer cobró notoriedad la existencia de un grupo de vigilantes que opera en el Mercado La Terminal y que se dedica a combatir la abundante delincuencia en el sector y que, armados, atacan a los que son delincuentes o de quienes tienen alguna sospecha.
No hay que decir que ese mercado es una especie de infierno grande en el que coexisten competidores y personas que por variadas razones se detestan entre sí. Basta esa conflictividad natural en un gran centro de comercio como es el mercado que combina mayoreo con menudeo para entender cuán peligroso es que exista un grupo armado de autodefensa que opera impunemente en la misma forma en que actúan los grupos que han estado al servicio de otros empresarios más poderosos que también mandan a liquidar a quien les molesta.
Es muy difícil controlar a esos grupos porque se componen de gente que sabe cómo operan las fuerzas de seguridad y que tienen contactos con los entes encargados de la investigación. No hay que ser muy suspicaz para entender la enorme confianza que tenían los asesinos de Rosenberg de que nunca serían detenidos, gracias a sus tentáculos en todo nivel y que eso les hizo actuar con desfachatez luego de cometer el crimen, sin ocuparse en desvanecer pruebas. De no ser el trabajo de la CICIG el crimen hubiera quedado impune como han de haber quedado tantos asesinatos que esos criminales cometieron previamente, no sólo «trabajando» para los Valdés sino con cualquiera que en el ejercicio de la libre contratación usara sus servicios.
El asesinato de una niña puso el tema de los justicieros de La Terminal en la picota y obliga a que las fuerzas del orden reconozcan la existencia de ese grupo criminal que ofrece seguridad pero que actúa tan a la libre y con procedimientos tan poco ortodoxos que al final se termina convirtiendo en un peligro para todos, incluyendo aquellos que les pagan por sus servicios, porque nadie es capaz de controlar a esos demonios una vez que están sueltos.
Este es el país construido en los cimientos de la impunidad y cuya estructura debemos cambiar todos los ciudadanos honrados.