Las organizaciones Pro Justicia se manifestaron en contra de la exclusión de ese aspecto del perfil que fue definido en la segunda reunión formal de la Comisión de Postulación para fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP).

La Comisión concluyó, además, que sesionará por tercera vez hasta el próximo 12 de febrero, lo cual fue también criticado por las organizaciones que monitorean el proceso de selección de aspirantes a fiscal General.

Perfil ideal

En su segunda sesión, la Comisión de Postulación para la elección de los candidatos a fiscal General definió el perfil «ideal» de quien presidirá a la instancia a cargo de la persecución penal durante el perí­odo 2010 a 2014.

El perfil aprobado consta de 14 puntos, entre los que destacan: «haber desempeñado un perí­odo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los Tribunales colegiados de la misma calidad» y «preferentemente con experiencia profesional en el sector justicia, en la administración pública o privada, relacionada con la materia penal, investigación criminal y otras afines».

Erick ílvarez, presidente de la Comisión y de la CSJ, explicó: «Hay varios puntos (del perfil aprobado) donde se dice que «preferentemente», pero no es que sea así­, tiene que ser un profesional que conozca de investigación y que se haya conducido en esa lí­nea de conducta», detalló.

ílvarez añadió: «Cualquier profesional que dé la talla» podrá aspirar a ese cargo, y que no será obligatorio que haya trabajado en el MP.

Oposición

No obstante, los movimientos pro justicia que monitorean el proceso de selección de los aspirantes criticó que en el perfil aprobado este dí­a no se haya incluido el hecho que los aspirantes estén comprometidos con la persecución de crí­menes del pasado.

Iduvina Hernández, integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos, declaró: «Es lamentable que no haya sido incorporado como un requisito básico el compromiso con la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno».

Hernández añadió: «Este punto es muy importante porque se ha evidenciado cómo violadores de derechos humanos han integrado estructuras criminales que han carcomido al Estado guatemalteco durante décadas y que ahora representan una lacra muy pesada para poder avanzar», manifestó finalmente.

Los representantes de la sociedad civil organizada insistieron en que la persona que dirija el MP debe tener «un profundo compromiso» de persecución penal a quienes hayan promovido las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y quienes apoyan el mantener en secreto la información de las fuerzas armadas y de la Policí­a.