El Ministerio Público busca establecer los movimientos realizados del dinero defraudado y posiblemente blanqueado, efectivo que formaba parte de los ahorros depositados en el Banco de Comercio, S.A.
El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Juan Luis Florido, solicitó asistencia legal mutua en materia penal a Panamá con el fin de determinar si hay en ese país movimientos realizados del dinero defraudado y blanqueado del que fuera objeto el desaparecido Banco de Comercio.
El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Jorge Luis Donado, refiere que dicho requerimiento se fundamenta en la Convención interamericana sobre asistencia legal mutua en materia penal.
«La petición ya se encuentra en manos de Edwin Aldeano, director nacional para la ejecución de los tratados de asistencia legal mutua y cooperación internacional del Ministerio de Gobierno y Justicia panameño», indica Donado.
De esta forma, el MP pide que se informe a Guatemala sobre cuestiones puntuales relacionadas con la Organizadora de Comercio, S.A., indica el funcionario.
«El requerimiento se hizo a principios de esta semana y según tengo conocimiento ya se está trabajando por parte de las autoridades panameñas sobre dicho asunto», manifiesta.
El requerimiento hecho por el ente investigador consiste en una copia certificada de la escritura constitutiva de la entidad Organizadora de Comercio, S.A., de la cual se tiene conocimiento que está inscrita según escritura pública número 3,014, autorizada en la ciudad de Panamá.
También se pidió copia certificada de las cuentas bancarias, depósitos o cualquier otra inversión realizada por esta entidad en el sistema financiero panameño durante el período del 1 de julio del 2005 a la fecha.
El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado mencionó que también se hizo el requerimiento del embargo de cuentas bancarias, depósitos y cualquier otro tipo de inversión a nombre de Organizadora de Comercio, S.A., y de sus accionistas; embargo de bienes inmuebles inscritos a nombre de Organizadora de Comercio S.A. y de sus accionistas, son otras de las peticiones.
Se demanda, además, el embargo de cuentas bancarias, depósitos y cualquier otro tipo de inversión a nombre de los funcionarios de las instituciones antes descritas y de los siguientes: Jorge Ibarra-Rivera Iglesias, Carlos Enrique Lowenthal Arceyuz, Carlos Enrique Abularach Zablah, Roberto Manuel Segovia Olivotto, y la entidad relacionada Empresa de Desarrollo Atlas, S.A.
Finalmente, el embargo de bienes inmuebles inscritos a nombre de los funcionarios e instituciones referidas.
El procedimiento a seguir, según el fiscal, es que una vez finalizadas las diligencias de investigación el resultado debe ser remitido a la Embajada de Guatemala en la República de Panamá, dando aviso a la autoridad central de nuestro país, en este caso el Fiscal General de La República y Jefe del Ministerio Público, Juan Luis Florido.
Otra petición
El Ministerio Público solicitará a la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial una investigación de movimiento en procesos judiciales relacionados con investigaciones por cierre de operaciones de Banco de Comercio y Banco del Café.
La petición del ente investigador surge luego que esa institución considera que ha existido fuga de información hasta hoy inexplicable y que dejó como resultado allanamientos infructuosos y órdenes de captura sin efecto, solicitadas en juzgados de instancia penal en contra de ejecutivos bancarios.
Fiscalía solicita informes
La Fiscalía contra Delitos Administrativos que dirige la abogada Ana Patricia Lainfiesta solicitó a la Superintendencia de Bancos y Junta Monetaria informes relacionados con el conocimiento que tuvieron las autoridades de esa dependencia en relación a las operaciones que llevaron a la quiebra de dos instituciones bancarias.
Lainfiesta explicó que las pesquisas se recaban luego de la orden de investigación de oficio recibida tras la denuncia presentada en contra de Willy Zapata, superintendente de Bancos.