Después de la prohibición de hacer públicos los datos de Mi Familia Progresa, la diputada Nineth Montenegro critica a la Procuradurí­a de los Derechos humanos (PDH), por no actuar y argumenta que ha habido silencio.

«Es obvio que la PDH no ha jugado el papel de garante que tiene que ser en la ley, y no ha sido contundente al exigir datos, señaló la parlamentaria, quien cree que al contrario, ha hecho caso omiso de las solicitudes que ha planteado.

De conformidad con el mandato contenido en la Ley de Acceso a la Información Pública -Decreto No. 57-2008 -, se asigna a la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, calidad de autoridad reguladora, correspondiéndole todo lo concerniente a la protección del acceso a la información pública como derecho fundamental.

Lo citarán al Congreso

La diputada señala que le ha mandado solicitudes al procurador, Fernando Morales; sin embargo, éste no ha respondido por lo que ha llegado el momento de platicar personalmente en el Congreso, por lo que no descarta una posible interpelación.

«Nunca me ha gustado esto de las interpelaciones porque resultan teatros polí­ticos, pero hay momentos en que en verdad faltan a sus responsabilidades y eso hace que una ley no se cumpla», enfatizó la diputada, mientras mencionaba que en más de la mitad de las instituciones públicas se incumple la ley de acceso a la información.

Según la diputada son alrededor de Q1,200 millones utilizados para Mi Familia Progresa, aparte de los otros programas de Cohesión Social.

De acuerdo con la resolución 36-2010, el Ministerio de Educación (Mineduc) clasifica como «información reservada», durante 7 años, los números de cédula de vecindad o de Documento Personal de Identificación de los beneficiarios del programa Mi Familia Progresa (Mifapro), el cual es coordinado por Cohesión Social.

Entonces, la posible interpelación del Procurador de los Derechos Humanos se podrí­a dar en el Congreso, mientras que para obtener el derecho a la información la diputada impugnará la resolución.

Sin embargo, según el Procurador de los Derechos Humanos, esta entidad no tiene competencia cuando hay un amparo de ley y por lo tanto la PDH tiene una prohibición cuando un asunto se conoce en un tribunal.

Fernando Morales, procurador de la PDH, señala que cuando la diputada presentó una solicitud se le pidió que agotara todos los mecanismos administrativos previos, y de ser citado al Congreso asistirí­a con normalidad.