La defensa de Vargas solicitó que éste fuera trasladado hacia la prisión preventiva de la zona 18, por considerar que su traslado hacia la cárcel de máxima seguridad es «ilegal». También argumentaron que el sindicado está enfermo debido al «mal trato» que recibe en ese centro de detención.

No obstante, el tribunal declaró sin lugar dicha solicitud argumentando que el traslado hacia la prisión de mayor seguridad no contradice la Constitución; además ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que practicara exámenes médicos a Vargas Sosa, para establecer su estado de salud. La defensa del detenido apeló ese fallo durante la audiencia y esa acción fue declarada improcedente.