Una comisión del Parlamento israelí debe pronunciarse hoy sobre el pedido del presidente Moshé Katzav, a punto de ser inculpado por violación, de retirarse temporalmente de su cargo durante tres meses, en vez de renunciar, como le reclaman la mayoría de los israelíes.
La comisión de asuntos parlamentarios está constituida por 25 miembros que representan a partidos de la mayoría y de la oposición.
Según los expertos, debería pronunciarse a favor de la petición del presidente, que se negó a dimitir, como reclama la opinión pública y buena parte de la clase política, como el primer ministro, Ehud Olmert.
La consejera jurídica del Parlamento, Nurit Elstein, afirmó al inicio del debate que «el presidente debería dimitir». Sin embargo, estimó que la retirada temporal «está dentro de lo razonable».
Olmert pidió el miércoles por la noche la dimisión de Katzav.
En caso de que la comisión rechace la petición de Katzav de retirarse temporalmente, el jefe de Estado mantendría sus poderes, que son sobre todo protocolarios.
El presidente tiene inmunidad mientras esté en el cargo y sólo puede ser inculpado si dimite o si es destituido por dos terceras partes de los diputados del Parlamento (90 de 120).
Pero su situación política sería extremadamente difícil, después de que el fiscal general, Menahem Mazuz, anunció su intención de inculpar a Katzav por violación, acoso sexual, obstrucción de la justicia y amenazas contra testigos, un hecho sin precedentes en la historia del país.
Si es reconocido culpable de violación podría ser condenado a entre 3 y 16 años de prisión.
La comisión parlamentaria también se pronunciará sobre una petición de destitución presentada por 30 diputados de la Knesset. Este iniciativa no tiene prácticamente posibilidades de ser votada, según la prensa, ya que es necesario el apoyo de tres cuartos de la cámara.
Paralelamente, la opinión pública israelí dio poco crédito a la férrea defensa que presentó el miércoles el presidente israelí, según sondeos publicados el jueves por la prensa.
Una gran mayoría de israelíes es favorable a la dimisión de Katzav, según dos encuestas publicadas el jueves.
El porcentaje de personas que desea una renuncia del presidente asciende a 71%, según un sondeo publicado por el diario Yédiot Aharonot, y a 66,7%, según el del cotidiano Maariv.
Según los mismos sondeos, 29% y 20,9% de los israelíes se oponen a la idea de una dimisión. El resto no se pronuncia.
Katzav aseveró el miércoles en una tensa conferencia de prensa que es víctima de una «caza de brujas» orquestada por la prensa y seguida por la policía.
«Fui víctima de un vergonzoso complot, de un lavado de cerebro por parte de la prensa», lanzó, antes de rehusar dimitir.
«No bajaré la cabeza y defenderé mi honor», agregó.
Katzav, casado y padre de cinco hijos, es sospechoso de haber violado a una ex empleada cuando era ministro de Turismo entre 1998 y 1999, y de acoso sexual contra otras trabajadoras de la presidencia.
Katzav, de 61 años, cuyo mandato termina normalmente en julio, comparó su caso con el de Alfred Dreyfuss, capitán judío del ejército francés acusado injustamente de traición.
Entre los candidatos a reemplazar a Katzav ante una eventual dimisión, figuran el actual viceprimer ministro Shimon Peres, un veterano de la escena política, y el rabino Israí«l Meí¯r Lau, antiguo Gran Rabino de Israel.
El presidente israelí Moshé Katzav, a punto de ser inculpado por violación, es el primer político de la derecha que llegó a la presidencia del Estado hebreo al cabo de una discreta carrera política.
Miembro del Likud (oposición de derecha), Katzav, de 61 años, fue elegido presidente en 2000 por los diputados israelíes que le dieron su preferencia en lugar de Shimon Peres, veterano de la clase política.
El fiscal general Menahem Mazuz decidió inculparlo por violación, acoso sexual, obstrucción a la justicia y amenazas contra testigos, según una fuente oficial del ministerio de Justicia.
Katzav está acusado de acosar a su ex secretaria y a una empleada en la época en que era ministro de Turismo, lo que podría llevarlo a ser condenado a una pena de entre 3 y 16 años de cárcel.