Dos expertos de derechos humanos de Naciones Unidas consideran en un informe divulgado hoy que las detenciones secretas practicadas de forma «extensa o sistemática» en el marco de la lucha contra el terrorismo podrían constituir crímenes contra la humanidad.
«Si la detención secreta constituye una desaparición forzada y se practica de forma extensa o sistemática podría incluso ser considerada como un crimen contra la humanidad», explican estos expertos en contraterrorismo y tortura en su informe, que será presentado en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según el estudio, que recoge la situación en 66 países, las detenciones secretas son un fenómeno común que se intensificó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
A pesar de las leyes internacionales de protección de los derechos de la persona, «las detenciones secretas siguen siendo utilizadas en nombre de la lucha contra el terrorismo en todo el mundo», advierten los autores del informe.
«Si resultan extensas y sistemáticas, podrían alcanzar el nivel de crimen contra la humanidad», insisten.
La «guerra contra el terrorismo», lanzada por el entonces presidente estadounidense George W. Bush tras los atentados de 2001, provocó, según estos dos expertos, «la aplicación progresiva pero decidida de un vasto sistema coordinado de detenciones secretas de personas sospechosas de terrorismo, que no sólo implica a las autoridades norteamericanas sino también a otros Estados en casi todas las regiones del mundo».
Las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos consideran que decenas de sospechosos han sido detenidos e interrogados en prisiones secretas.
Varias organizaciones estadounidenses publicaron en febrero de 2009 documentos que confirman la existencia de prisiones secretas de la CIA en Irak y en Afganistán. Estos documentos muestran también los lazos del Pentágono con la CIA en el «programa secreto de detención, de traslado y de tortura», cuya existencia había reconocido el propio Bush en 2006.
El informe de la ONU sugiere la creación de comisiones de investigación nacionales independientes para esclarecer estas cuestiones.