Un juez hondureño sobreseyó ayer a seis generales acusados de abuso de autoridad y expatriación ilegal contra el depuesto presidente Manuel Zelaya y el Congreso amnistió a los involucrados en el golpe de Estado, un día antes de que asuma el presidente Porfirio Lobo.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, dictó «sobreseimiento definitivo» a los jefes militares «acusados de abuso de autoridad en perjuicio de la seguridad interior del Estado» por la expulsión de Zelaya a Costa Rica el día del golpe del 28 de junio, reza la resolución.
Horas más tarde, El Congreso aprobó la amnistía a los involucrados en el golpe, medida que favorece a Zelaya -acusado de 18 delitos por pretender reformar la Constitución- y a los que encabezaron el golpe
El juez Rivera, designado por sus colegas de la Corte Suprema para resolver la causa, argumentó que «antes y después de que se produjo la captura del señor Zelaya, los imputados recibieron información en el sentido de que el país corría un peligro grave, realmente e inminente no sólo en el orden institucional sino en cuanto a la pérdida de numerosas vidas humanas».
Los generales actuaron para «preservar la democracia de la república y evitar el derramamiento de sangre, entre los que pudo estar el propio señor Zelaya», indica la sentencia.
Zelaya había convocado para el 28 de junio una consulta popular cuyo objetivo era reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, que había sido prohibida por la justicia, y que no llegó a realizarse porque fue arrestado por los militares y enviado al exilio.
La Fiscalía presentó a la Corte Suprema el 6 de enero un requerimiento contra los generales, medida que Zelaya criticó afirmando que era un «truco» para lograr la impunidad de los oficiales, entre ellos el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez.
Aparte del sobreseimiento, los generales se vieron beneficiados por la amnistía aprobada la noche del martes con los 71 votos de los diputados del Partido Nacional de Lobo, que controla el Congreso de 128 miembros.
«El Congreso Nacional, en uso de las facultades de que está investido (…) decreta (…) conceder amnistía de carácter general para aquellos ciudadanos que hayan intentado o consumado las acciones típicas» durante el golpe del 28 de junio, anota el decreto.
La amnistía se aplica a delitos de «traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno (…), contra la seguridad del Estado (…), sedición (…), abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios», agrega.
El juez Rivera argumentó en su fallo que en Honduras había «tal peligro por las acciones de los seguidores del señor Zelaya, entre los que se encontraban personas originarias de otros países».
Los militares expulsaron a «Zelaya del país, ya que si se quedaba aquí había suficiente evidencia de que podría haber ocurrido un hecho sangriento», dijo el abogado de los generales, Juan Carlos Cantillano.
La amnistía fue propuesta por primera vez por el entonces mediador en la crisis hondureña, el presidente costarricense y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, pero no fue incluida en el acuerdo que finalmente firmaron los delegados de Zelaya y del presidente de facto Roberto Micheletti.
Los 45 diputados del Partido Liberal, la formación de Zelaya y Micheletti, se abstuvieron en la votación.