La Corte Suprema de Estados Unidos levantó ayer las restricciones que impedían a las empresas financiar libremente las campañas electorales, una decisión rechazada por el presidente Barack Obama y que promete revolucionar la contienda política.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, la sentencia cayó como una bomba en Estados Unidos, que celebrará comicios legislativos en noviembre.
La medida anula una decisión de hace dos décadas que obligaba a las empresas a usar fondos sólo mediante un «comité de acción política» especial.
Partidario de la anterior normativa, el presidente Barack Obama rechazó la decisión, advirtiendo que la misma supondrá «la brutal irrupción» de dinero de los grupos de presión en las contiendas políticas.
«Es una gran victoria para los petroleros, los bancos de Wall Street, las compañías aseguradores de la salud y todos los poderosos intereses que maquinan su poder diariamente en Washington para acallar las voces de los estadounidenses comunes», dijo en un comunicado.
Asimismo, anunció que «trabajará inmediatamente» con el Congreso para contrarrestar la decisión de la Corte.
Los nueve jueces decidieron que las corporaciones estadounidenses podrán usar libremente sus fondos para financiar anuncios de campaña a favor o en contra de un potencial candidato.
La Corte se pronunció invocando la primera enmienda de la Constitución, vigente desde más de 200 años que eleva la libertad de expresión a valor fundamental de Estados Unidos.
«Cuando el gobierno trata de utilizar su poder (…) para decidir dónde puede alguien obtener una información, o a cuál fuente no puede tener acceso, recurre a la censura para controlar el pensamiento», señaló en su fallo.
«Las empresas, como los individuos, no tienen un pensamiento único», señaló, aunque sin referirse a las contribuciones directas de las grandes empresas a los candidatos.
Una decisión anterior de la Corte Suprema, en 1990, había establecido que las sociedades privadas sólo podían financiar las campañas a través de «un comité de acción política» que fuera creado para ese exclusivo fin.
Los accionistas que lo quisieran podían volcar dinero allí.
En su argumentación, casi dos veces más extensa que la de la mayoría, los cuatro jueces contrarios al fallo señalaron que el mismo «contradice el sentido común del pueblo estadounidense (…) que lucha contra la posibilidad de corrupción».
«Si la democracia estadounidense fuera perfecta, muy poca gente, aparte de la mayoría de esta Corte, pensaría como un error el límite al financiamiento de la política por parte de las compañías privadas», dijeron.
Sin embargo, se acogieron a la mayoría en la decisión de que el aportante deberá ser identificado cuando un anuncio electoral no sea financiado por un candidato o su partido.
En el origen del caso está un documental sobre la actual secretaria de Estado titulado «Hillary: la película», totalmente contrario a la entonces candidata a la investidura demócrata para las elecciones de 2008.
Su productor, la asociación Citizens United, quiso difundirlo en una cadena por cable, preparando cortos avisos publicitarios opuestos a Hillary Clinton.
El gobierno estadounidense llevó el caso ante la justicia, aduciendo que la ley electoral prohibía a las sociedades privadas financiar con recursos propios la propaganda a favor o en contra de un candidato.