El crecimiento macro-económico sostenido del país en los últimos veinte años, las condiciones sociales de amplios sectores de la población, lejos de resolverse se han agravado, como lo evidencian los indicadores de desempleo, pobreza y pobreza extrema, con sus secuelas de delincuencia, y desnutrición infantil, por citar solo algunos; porque el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo social.
Director de la Organización Cívica Guatemalteca -OCG-
Asimismo, el sistema actual de división del territorio por departamentos es ineficiente y causa de desigualdades en la inversión pública y derroche de recursos públicos. No obedece a ningún criterio racional sino solamente a las luchas por el poder de los grupos oligárquicos del siglo XIX.
Todo ello hace concluir que es indispensable llevar a cabo una reorganización del Estado y que mediante políticas públicas adecuadas se corrija esa falla en el desarrollo integral de la nación; y que también, hoy en día, se hace necesario repensar el ordenamiento del territorio.
Esa reorganización, que tendría como fin primordial resolver con eficacia y eficiencia las desigualdades socio-económicas que han prevalecido hasta ahora, tiene un fundamento constitucional que la hace políticamente viable. Las leyes de los Consejos de Desarrollo y de Descentralización, el Código Municipal y algunos contenidos de los Acuerdos de Paz, son entre otros, algunos instrumentos que aportan criterios para el planteamiento de nuevas políticas de reorganización del Estado y que dan viabilidad a un proyecto de esa naturaleza.
Por su parte, en el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas se establece que «el Gobierno se compromete a regionalizar la administración de los servicios educativos, de salud y de cultura de los pueblos indígenas de conformidad con criterios ligí¼ísticos;…».
La Comisión de Oficialización de Idiomas indígenas clasifica los idiomas en tres categorías: Lenguas Territoriales (Q´eqchí, K´iche, Mam y Kaqchikel), Lenguas Comunitarias (entre las que se cuentan 17 idiomas como el Poqomchi, Poqomam, Garífuna y otros) y Lenguas Especiales (aquellas en peligro de extinción como el Itzá y el Xinca).
Las Lenguas Territoriales (4) son las habladas por más de 300,000 habitantes en una extensión de más de veinte municipios. Estas características podrían dar base suficiente para formar una región, o parte de ella. Ello también implica que algunos límites regionales-lingí¼ísticos sobrepasarían los límites geográficos de uno o más departamentos y coincidirían con límites hidrológicos o geológicos (río, lago, montaña, etc.) pero no precisamente el geográfico de un Departamento o de Municipio(s).
El mapa de distribución geográfica de las regiones lingí¼ísticas del país muestra más de una veintena de comunidades. Ante esas condiciones, no sería práctico constituir más de 20 regiones, pero sí integrar algunos grupos lingí¼ísticos con costumbres similares.
Lo lingí¼ístico forma parte integral de varios factores importantes, como: formas de gobierno, tipo de organización, sistemas jurídicos propios, etc. toda vez que lo que sí es verdad es que diferentes grupos indígenas (que hablan diferentes lenguas) que son vecinos entre sí, tienen costumbres casi idénticas. Con estos factores a considerar, lo lingí¼ístico sería parte integral de un proceso de regionalización.
En virtud de lo anterior, se hace necesario que la regionalización de las diferentes etnias sea en función de la organización en mancomunidades de municipalidades sobre esas bases étnicas, a efecto de lograr la participación de las diferentes etnias con viabilidad política. En congruencia con ello, se debe impulsar la participación de los pueblos y comunidades lingí¼ísticas indígenas en los Consejos de Desarrollo.
En la Asociación de Orientación Cívica Guatemalteca (OCG) pensamos que la reorganización del territorio guatemalteco en base al criterio de regionalización de la Ley Preliminar de Regionalización del 9 de diciembre de 1986, que con todas sus fallas, tiene un mejor sustento que la división actual por Departamentos. En tal virtud deberían sustituirse las 22 Gobernaciones Departamentales por 8 Gobernaciones Regionales combinando el criterio lingí¼ístico. Entonces, toda la Administración Pública debería ajustar sus planes, programas y proyectos a esa nueva división regional.
La reorganización político-administrativa en regiones es de hecho la oportunidad para definir una agenda nacional compartida con todos los sectores sociales que propicie la identidad de las regiones, su desarrollo regional y fortalezca la autonomía municipal.