El apoyo a la consolidación de la democracia, la tutela y garantía plena a los derechos humanos, la conservación del medio ambiente y de los bienes naturales son la expresión del respeto a la dignidad humana, a la vez que se constituye en uno de los enfoques principales del desarrollo sostenible.
Así lo enfatiza uno de los párrafos del libro «Acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales» editado conjuntamente por Asies, Redfia e Instituto de Incidencia Ambiental, que, como su nombre lo indica, contiene abundante información y bibliografía respecto al tema que aborda, tomando en consideración que, como lo afirma el ambientalista Germán Rodríguez en su nota introductoria, para conservar el ambiente es necesario que todos los actores sociales tengan conocimiento de lo que se está preservando, a fin de generar conciencia ambiental que pueda convertirse en una herramienta de generación de responsabilidades en esta área.
La eficiencia de la participación de la población está condicionada directamente a la información con que se cuente y contribuye al sistema de gobernabilidad ambiental, a la vez que permite mayor transparencia en los procesos de toma de ediciones, con lo que se evitan actos de corrupción, en el entendido de que la participación de los guatemaltecos en general, en forma consciente, educada e informada, es indispensable para la conservación y un mejor manejo del ambiente y los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
La necesaria voluntad política y la coordinación entre los diferentes rangos de gobierno -advierte el documento-, conjuntamente con la coordinación interinstitucional, los ejercicios de consulta e información, la descentralización y desconcentración de la actividad política, económica, social, ambiental y administrativa del Estado son factores importantes para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo, así como el fortalecimiento y la consolidación de las instituciones democráticas.
Es imprescindible que las autoridades de todos los estratos fomenten el diálogo, la consulta, la disposición de información y la participación de la población en la conservación, el manejo de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental, para que consensuadamente se busque el bienestar común, partiendo del principio de que la participación de los ciudadanos constituye fundamento esencial de la democracia, que está íntimamente vinculada al desarrollo sostenible.
El libro contiene un informe sobre el estado del acceso a la información, la participación de la población y la administración de justicia en asuntos ambientales de Guatemala, y a partir del diagnóstico que se incluye en ese mismo informe, se presenta objetivamente la situación prevaleciente en el país en lo que atañe al acceso que la legislación vigente garantiza a los ciudadanos su participación en asuntos ambientales, además de recomendar modificaciones de carácter legal.
Para el efecto, se subraya que el marco jurídico de carácter general relacionado con el medio y las garantías a la información y el acceso a la justicia lo contiene la Constitución Política y la legislación ordinaria que desarrolla los principios y mandatos de la ley fundamental del país; pero también se citan otras normativas, como la Ley del Organismo Ejecutivo en lo que concierne al Ministerio de Ambiente, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y otras más, como el Código Municipal.
En conclusión, los interesados en fortalecer la defensa del medio ambiente cuentan con un documento que respaldan sus derechos.
(El 2 de enero, un ambientalista volvió a leer, como en 2009, el letrero que colocó el colocho quichelense Romualdo Tishudo en el mostrador de su abarrotería: -Al hacer su compra exija su abrazo de Año Nuevo).