Si para el viceministro Cuevas esto es algo nuevo, fritos estamos porque no se han dado cuenta de cómo es que desde siempre ha funcionado esa privatización de la justicia en nuestro paí­s. Se dice que desde tiempos de la colonia ya existí­a esa práctica y por supuesto que la misma se exacerbó durante el conflicto interno, porque cuando se diseñó el modelo de impunidad para proteger a los que en la defensa del Estado mataban a los guerrilleros y sus simpatizantes, el mismo también se aplicó para que esas mismas bandas, esos mismos escuadrones de la muerte, hicieran su negocio particular ofreciendo sus servicios a quienes podí­an pagarlos y querí­an salir de alguien molesto. Yo conté la forma en que hace unos 15 años se hizo una verdadera «talacha» para reunir fondos para pagar a los que se encargaron de «resolver» el problema de los asaltos a casas situadas en la orilla del lago de Amatitlán. Los ejecutores fueron, como en el caso Rosenberg, gente vinculada a las fuerzas de seguridad que fueron contactados por particulares que sabí­an de su eficiencia profesional para «darle agua» a los ladrones y, me imagino, a cualquiera cuya muerte les pudiera representar un ingreso adicional. El viceministro habló con propiedad de los sicarios del narcotráfrico y de los sicarios en las pandillas juveniles, explicando cómo funcionan esos grupos de matones, pero para él, por lo que dijo y a lo mejor fue un lapsus aunque Felipe Valenzuela lo presentó como un experimentado comunicador social y por lo tanto me imagino que alguien con conocimiento del lenguaje, el caso Rosenberg destapó una «nueva» forma de sicariato. Que uno se entere recién de algo no significa que el hecho sea nuevo y en el caso de Guatemala yo insisto en que si algo hay que sacar como conclusión de este crimen que ha causado tanta conmoción, es destapar la existencia de una arraigada práctica de mandar a matar a cualquiera recurriendo a esos grupos de asesinos que ofrecen como mercancí­a su sangre frí­a para ejecutar a un ser humano. Felipe Valenzuela dijo hoy que las informaciones estadí­sticas suponen que entre 40 y 60 por ciento de los asesinatos en el paí­s son obra de sicarios que actúan a sueldo y la verdad es que esa estimación no me parece para nada descabellada porque viviendo en un paí­s que ha abrazado la cultura de la muerte, al punto de que prácticamente cualquier conflicto se «soluciona» matando a quien lo provoca, ello explica esa enorme cantidad de delitos contra la vida que ocurren y, por supuesto, también explica la indiferencia de las autoridades policiales y judiciales ante el drama de la violencia y la enorme impunidad que existe. Pero, repito, me causa estupor darme cuenta que para nuestras brillantes autoridades de Gobernación, esa práctica es una «novedad» producto del Caso Rosenberg.