La cuenta regresiva para la elección del nuevo Fiscal General de la Nación y del Consejo del Ministerio Público (MP) ya está en marcha convirtiéndose en el segundo proceso en el país que será fiscalizado por la nueva Ley de Comisiones de Postulación.
La Ley Orgánica del MP detalla en su artículo 12 que el Presidente de la Comisión de Postulación (Presidente de la Corte Suprema de Justicia), convocará, a los demás miembros, con no menos de 30 días de anticipación del período vigente.
Integrada con los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Francisco Marroquín, del Istmo, Rafael Landívar, Rural, San Carlos, Mesoamericana, Panamericana, Mariano Gálvez y San Pablo, así como el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor del mismo, la Comisión evaluará las hojas de vida de los aspirantes a tan importante cargo en el país.
En menos de cinco meses, el relevo de Amílcar Velásquez Zárate, deberá asumir la dirección del ente encargado de la persecución penal en el país. El Presidente de la República elegirá de entre una lista de seis candidatos al próximo Fiscal General, para un período de cuatro años.
Ante un acontecimiento de tal magnitud surgen muchas interrogantes: ¿se podrá garantizar la transparencia en este proceso?, ¿habrá incidencias políticas, ya que es el Presidente de la nación el que elige a uno de los postulados?, ¿concluirá su período quien asuma ese cargo o será removido en el no tan lejano cambio de Gobierno?
Mientras tanto, las entidades de la sociedad civil tratan de definir el perfil del nuevo fiscal, con énfasis en su capacidad de resolver los desafíos que enfrenta la institución y de contribuir a mejorar el sistema de justicia.
Experiencia en el área penal, liderazgo para ordenar y administrar el MP y reconocida honorabilidad y prestigio, son sólo algunos de los requisitos que deberán cubrir los aspirantes.
INESTABILIDAD
Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que hasta ahora, el panorama de este próximo proceso es de mucha expectativa por ser el segundo que será regulado y fiscalizado con la nueva Ley de Comisiones de Postulación, aprobada recientemente en el Organismo Legislativo.
«Hay muchísima expectativa alrededor del proceso y esperamos y exigiremos que éste sea transparente, y con un fuerte monitoreo de la sociedad civil, y que con la aplicación de la ley se reduzca el ámbito de la negociación política para la lucha contra la impunidad en el país», opinó Canteo.
El analista se refiere a que la inestabilidad en el cargo, genera «debilitamiento de la institución»; aunque la ley permite al Presidente hacerlo con o sin razones, espera que éste próximo sea más transparente y lleguen los candidatos idóneos con perfil adecuado que garanticen la autonomía de esa instancia.
«Los anteriores procesos han estado influenciados por intereses de carácter político antes de ser un proceso transparente, por ello las expectativas con la nueva ley, porque se busca un profesional con liderazgo y con un perfil idóneo», detalla el analista.
Canteo finaliza indicando que el puesto de Fiscal General de la Nación es uno de los más importantes del país porque es el MP, a cargo del fiscal, quien decide qué casos y cuáles no: «hay una enorme incidencia en los casos que tienen cierta prioridad y eso se refiere incluso a los delitos», opina Canteo, quien añade que ese cargo tiene decisiones importantes, por lo que «se requiere una persona con capacidad administrativa con visión clara de la lucha contra la impunidad», subrayó.
POLíTICO
Respecto a la aplicación de la nueva Ley de Comisiones de Postulación, Hellen Mack, integrante del Movimiento Pro Justicia, opina que la elección del jefe de la instancia a cargo de la persecución penal, es distinta a la del recién pasado proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de justicia, por lo que las aplicaciones de esa legislación son menores.
Mack añade que desde los movimientos por justicia se estará monitoreando permanentemente la elección y que el antecedente del anterior proceso indica que habrá abogados corruptos que «no querrán exponerse abiertamente a la mira pública porque se volverá a investigar el pasado de todos», detalló.
«Siempre hay un elemento político y la presión va estar otra vez sobre los decanos para que no hayan negociaciones y si las hay que no negocien impunidad», enfatizó la activista respecto a la incidencia política de ese proceso.
Mack calificó finalmente de «cuestionable» la actitud del aún jefe del MP cuando «amparó, apañó y encubrió» a ílvaro Matus (ex fiscal acusado de obstrucción a la justicia y otros tres delitos por propiciar la salida de la única testigo del caso del asesinato del asesor de Seguridad, Víctor Rivera. También se refirió a la reunión que tuvo Velásquez Zárate con el presidente ílvaro Colom cuando se dio a conocer el video post mórtem del abogado Rodrigo Rosenberg.
ACCIONES
Hasta ahora, la primera acción respecto a ese proceso ha sido interpuesta por el abogado Ricardo Sagastume, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, quien interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Congreso no convoque a integrar la comisión de postulación que nominará a 6 candidatos, entre los que se elegirá al Fiscal General.
Sagastume también presentó un amparo para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convoque a integrar dicha comisión.
En otros procesos, como la elección de magistrados a la CSJ y Salas de Apelaciones, como a titular del Instituto de la Defensa Pública Penal, abogados han interpuesto diferentes acciones que han enmarañado y hasta detenido (en el segundo caso) los procesos de selección de éstos.