Aquí­ en La Hora tuve a los padres de un muchacho que fue asesinado en lo que el Gobierno explicó como un ajuste de cuentas entre delincuentes porque lo acusaron de ser asaltante. Los padres mostraron certificaciones de estudio de su hijo, testimonio de sus compañeros que daban cuenta de su verticalidad y clamaban porque al menos se limpiara su nombre porque sabí­an que ya no podí­an recuperarlo con vida, pero además de la muerte se dolí­an del estigma provocado por la forma en que lo ejecutaron. Aparentemente fue una confusión por un homónimo que los sicarios no tomaron en cuenta. El desenlace del caso Rosenberg nos tiene que llevar a enfocarnos como sociedad en el problema graví­simo de los sicarios porque por grave que sea nuestro problema de justicia, no podemos dejar que subsista ese sistema que pone en manos de quienes tienen el contacto directo con los asesinos la facultad de mandar a cualquier ser humano al otro potrero. En el caso Rosenberg los sicarios no sabí­an a quién estaban matando y en el fondo eso ni les importaba, porque al final de cuentas era un simple y puro negocio en el que se les paga por el trabajito al margen de quién sea la ví­ctima. Yo estoy convencido que la contratación de los sicarios constituye uno de los elementos más graves en todo esto que estamos viendo porque al final de cuentas no hace sino desnudar nuestra realidad y la persistencia de una práctica criminal que ha cobrado muchí­simas vidas. Por ello pienso que el Gobierno, en vez de continuar con ese su baño de rosas que empezó tan pronto como terminó la conferencia de prensa de Castresana, tendrí­a que actuar con enorme madurez para ejercer un sano liderazgo que nos haga a los guatemaltecos reparar en esas cuestiones de fondo, en los efectos terribles de la crisis de nuestro sistema de justicia. Claro está que habí­a que exculpar al Presidente de las sindicaciones en su contra porque se evidenció que fueron falsas, pero en vez de mantenerse en el mismo discurso durante tantos dí­as, hubiera sido edificante que el Presidente asumiera una postura de sano liderazgo nacional para concentrar el esfuerzo en el combate de vicios trágicos y persistentes como ese de recurrir a sicarios como si fuera la cosa más normal del mundo. El problema está allí­, ha sido desnudado de manera clara por la investigación de la CICIG y se puso de manifiesto el «modus operandi». Pero no se trata únicamente de dos empresarios dedicados a esa práctica, sino que son muchos los que conservan viejos ví­nculos, algunos que arrancan desde los años del conflicto armado interno, con escuadrones de la muerte que a cambio de paga están dispuestos a doblarse a cualquiera, sin consideraciones ni contemplaciones. Y parar esa práctica tenebrosa debe ser objetivo esencial del Estado.