El Ministerio Público es una de las instituciones más importantes en la lucha contra la impunidad y por el imperio de la ley en Guatemala porque sucede que en ella recae el monopolio de la acción penal, es decir, que le corresponde exclusivamente el ejercicio de la investigación y persecución de los delitos que ocurren en el país. Y no es casualidad, por eso mismo, que haya sido penetrada hasta sus cimientos por el sistema de la impunidad que ahora está al servicio del crimen organizado y de los delincuentes de cuello blanco.
Por ello es que la elección de fiscal es crucial y los atributos del jefe de la fiscalía tienen que ser inmensos. Hace falta, en primer lugar, un abogado honesto y patriota, pero que además tenga unos faroles del tamaño de la Catedral para enfrentarse a los grupos de poder político, económico, militar y a las pandillas criminales sin que le tiemble el pulso. Debe ser, además, un abogado competente, con altas credenciales académicas y en el ejercicio de su profesión y especializado en el derecho penal. Por si todo ello fuera sencillo de encontrar en una persona, tiene que ser además un extraordinario administrador porque es el jefe de todo el Ministerio Público y sabe Dios que allí hace falta una limpia con chilca para expulsar demonios de toda clase. Se requiere, por último, un gran liderazgo y credibilidad no sólo al interno del MP sino con la sociedad por la dimensión de los cambios que hay que realizar. Haría falta una poderosa lámpara como la de Diógenes para encontrar al profesional que reúna todas esas condiciones, porque ocurre que con una de ellas que no exista, las demás salen sobrando. Puede ser alguien honesto, pero si no tiene pantalones de nada sirve. Puede ser muy valiente, pero si no es conocedor del derecho penal y de sus procedimientos, irá al fracaso. Puede ser un buen líder, pero si no entiende de administración será devorado por la maquinaria enraizada ya en el Ministerio Público. Menudo problema el que tenemos los guatemaltecos porque no es de ir al supermercado a comprar ese producto. Y si a ello agregamos que ya la gente de gobierno tiene marcadas las cartas y que en la terna estará la favorita del poder tras el trono, entenderemos que el grado de dificultad que tiene ahora la sociedad que pretende fiscalizar el proceso es enorme. Mayor problema y mayores riesgos que los que vivimos con la Corte Suprema de Justicia porque si un mal resultado allí era terrible, ahora sería la tapa al pomo para impedir el combate a la impunidad.