Eduardo Arévalo Lacs, ex ministro de la Defensa acusado del desfalco de 120 millones durante el período de gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, va tras fianza similar o menor a la que pagó Alfonso Portillo.
Luego que Marta Sierra de Stalling, jueza Octava de Primera Instancia, resolviera acumular en el juzgado Quinto de Primera Instancia Penal el proceso del ex titular de la Defensa, con el del ex mandatario Portillo, la defensa de Arévalo buscará la reducción de la fianza.
A decir del abogado de Arévalo, por igualdad procesal, la fianza debería ser similar o menor a la que pagó Portillo para no ir a prisión, por lo que accionarán en la judicatura que conoce los dos procesos.
Acción
Por medio de la solicitud de una revisión de la medida de coerción, la defensa de Arévalo Lacs busca que el juzgado Quinto rebaje la fianza de 4 a 1 millón de quetzales, con lo que el militar podría abandonar la prisión.
Mario Lobo Dubón, abogado defensor del ex ministro de Defensa, explicó que está esperando que el juzgado Octavo le notifique la resolución de conexión de los procesos, posteriormente verificarían si el juzgado Quinto ya cuenta con un juez titular para solicitarle una revisión de la medida.
«Lo importante para nosotros es solicitar la revisión de la medida. Independientemente de la igualdad procesal, hay circunstancias fuertes que ameritan realmente que al señor Arévalo le sea rebajada la caución», explicó Lobo.
El jurista agregó: «Tenemos conocimiento que dentro del proceso del juzgado Quinto hay un coprocesado con una caución de Q1 millón y si nosotros argumentamos la igualdad de las partes se le podría fijar esa caución o una menor porque las responsabilidades de los procesados no son las mismas», indicó Lobo, refiriéndose al caso de Portillo.
Proceso
Arévalo Lacs es sindicado de haber ordenado y propiciado la emisión de dos cheques para el desfalco del Ministerio de la Defensa durante su gestión, por un total de Q120 millones.
El proceso en su contra también se refiere a la autorización de la modificación presupuestaria detallada en el acuerdo 16-2001, que ordenaba el traslado de los Q120 millones del Crédito Hipotecario Nacional hacia el Ejército, dinero que no ingresó ni física ni financieramente a esa instancia.
Los dos cheques aprobados por Arévalo fueron de Q48 y Q72 millones, los cuales fueron cobrados en efectivo en el Banco de Guatemala.