Una agenda legislativa diversa, llena de muchos temas, es la que ha permanecido estancada los últimos seis meses; ahora sigue girando dentro del factor económico, financiero y tributario que ha parado los pelos de muchos.

Carlos Vega Fernández, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Así­es), como introducción de su análisis valora que la falta de consensos no se puede atribuir solamente a ese factor.

Califica como un claroscuro todo aquello positivo y negativo que ocurre en el Congreso, reflejo de la representación legislativa que acabó con el pasado, donde hubo decisiones únicamente a través de aplanadoras polí­ticas.

Y es que algunas decisiones pasadas se hicieron utilizando la disciplina de un partido mayoritario o el capricho de un mandatario, quien alguna vez decidió autoritariamente qué se aprobaba, en qué medida y cuándo quedaba aprobado, entonces no hubo otra opción, refiere el analista.

Mientras que hoy, debido a la variada representación de los sectores del paí­s en instituciones polí­ticas, los temas deben alcanzar grados de madurez de discusión, oposición, auditorí­a y diálogo.

Roberto Alejos, presidente del Congreso de Guatemala, evalúa que el estancamiento de la actividad plenaria en 2009 va sobre «temas urgentes, prioritarios y pequeños», así­ los califica.

Como autoridad máxima del parlamento tiene en lista que falta la elección de un Director de la Defensa Pública Penal, algunas leyes que ha pedido la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG).

«Tenemos la presión, y no es la presión mí­a, es del doctor (Carlos) Castresana, quien dice que necesita que el Congreso siga apoyando leyes de seguridad y justicia», da a conocer Alejos.

Convocatoria a la Comisión de Postulación que debe elegir terna para nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público, reformar la legislación para evitar que las ciudades se llenen de vallas con propaganda polí­tica antes de la elección general.

Además, se está careciendo de una ley de agroquí­micos a fin de garantizar el aprovisionamiento de fertilizantes para la próxima siembra y cosecha en el paí­s correspondiente a 2010 y evitar así­ la complicación en la falta de alimentos.

Incluye también la ley de desarrollo rural, la ley de cooperativas que tocan a la tierra y al financiamiento como elemento sensible e histórico que muchos no quieren escuchar, no darle tratamiento o que se siga retrasado.

ES BALANCEADO

Carlos Vega Fernández, analista de Así­es, evalúa que en dos años hubo cosas buenas y cosas malas, deficiencias, errores o limitaciones o cuestiones incorrectas que hizo el Congreso.

Entre lo bueno que hay que recalcar están las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Comisiones de Postulación, dice.

La reelección de Roberto Alejos fue acertada debido a que conoce las circunstancias para manejar asuntos internos y externos, llevarse bien con los demás lí­deres de los grupos, «algo que llevarí­a por lo menos cinco meses antes de adaptarse a un nuevo presidente del Congreso», apunta.

Los tropiezos se marcan en ese entrampamiento que ha sido la deficiencia que enfrentaron todo el año anterior debido a la ausencia de un operador polí­tico entre el Organismo Ejecutivo y el Organismo Legislativo que pudo haber corregido los desbalances.

Otra debilidad marcada es una mala imagen que quedó grabada en la opinión publica, trastorno que será difí­cil superar porque se trata de la duda impregnada por la administración del diputado Eduardo Meyer Maldonado, ante el escándalo de los Q82,8 millones.

«Lamentable, imputable a los que cometieron el delito -traslado del dinero a Mercados De Futuro-, pero la sociedad vislumbra que fue todo un modo de operar de las autoridades, es la imagen que quedó en la población cuando se destapó todo eso», analiza Vega Fernández.

Otra situación que se ve desde el punto de vista de la oposición, es el abuso al que han llegado con las interpelaciones, dice el analista, quien agrega: «kilométricas, insustanciales, no están bien preparadas, más con sentido polí­tico, es decir, no resuelven los problemas de los ministerios».

«Las interpelaciones tampoco han supervisado o llegado a auditar efectivamente la labor que ha hecho un ministro, mientras que ese instrumento ha sido pervertido», opina.

DEPURACIí“N NO

Con la diversidad de 14 bloques y tomando en cuenta que hasta existe ahora un grupo de diputados independientes, se hace necesario negociar hasta un voto antes de tomar la decisión definitiva sobre cierto tema.

Aunque algunos grupos sociales han vertido el temor sobre una depuración en el Congreso ante la falta de avances, estancamiento o pocos frutos polí­ticos o técnicos, otros no son pesimistas.

Se recuerda que hay corrientes que abogan por la depuración, entre ellos las propuestas que a partir de 2008 enlazaron la necesidad de una depuración sustancial del número de diputados.

La propuesta concreta llegó de una persona jurí­dica y de una persona individual, el grupo Pro Reforma se lanzó a las calles e hizo entrega del documento con firmas suficientes para que el Congreso evaluara la posibilidad.

La otra, que salió también a las calles con un grupo de representantes de la tercera edad y jubilados del magisterio, fue del diputado Manuel Baldizón a la cabeza, ahora figura del bloque Libertad Democrática Renovada.

Consultado Baldizón, dice que sigue firme en una depuración que debe ser en la ví­a legal, es decir, a través de la iniciativa planteada, una que hace dos años proponí­a que en futura elección el voto sea uninominal y con fotografí­a.

Dice que no apoyarí­a movimientos o ideas que trajeran consigo buscar una depuración violenta o exigible por manifestaciones callejeras.

«Lo inadecuado del momento por el que atraviesa el paí­s para entrarle a una reforma constitucional, pero no hay en ninguno de los dos casos apoyo a que se realice», adelanta el diputado Roberto Alejos.

«Si se reduce el número de diputados, las bancadas grandes o los grandes partidos tendrí­an los representantes en el Congreso, los partidos pequeños se eliminarí­an y no habrí­a pluralidad polí­tica en el Congreso», dice el analista de Así­es.

Roberto Alejos, presidente de la Junta Directiva del Congreso guatemalteco, indica que para las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos y la propuesta de Pro Reforma hubo 92 organizaciones que se pronunciaron y 85 de ellas fueron opuestas.

Entre los grupos que hicieron uso de su derecho de petición en 2009, se contabiliza que recibieron a 120 personas u organizaciones con cita, mientras que otro número llegó sin cita.

Se rompió también el paradigma de diálogo que históricamente fue entre el Organismo Ejecutivo y el sector económico organizado, aglutinado en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), quienes siguen acudiendo directamente al Organismo Legislativo.

Los temas tratados con el CACIF han sido sobre el Convenio 175 que contiene el trabajo a tiempo parcial, la Ley de Maquilas, la Ley de Zonas Francas, citas que además se prolongaron y continúan de forma directa con las bancadas para tratar sobre los mismos temas.

Está en marcha el Instituto de Estudios Legislativos, como centro de convergencia para discusión, talleres, capacitación de empleados con trayectoria, además de tener como prioridad una Ley de Archivos este año para conservar los documentos y las leyes en todas las entidades del Estado.

Se hizo cumplir la modernización y ley de Servicio Civil del Congreso, haciendo efectivo el retiro voluntario para las personas que han cumplido cierta edad y número de años de servicio.

A pesar de las adversidades y choques que se ven desde fuera, Alejos da a conocer que para evitar dudas sobre las publicaciones en el portal de internet del Congreso y el libre acceso a la información, se ha firmado ya un convenio con Acción Ciudadana para que ellos construyan la pagina del Congreso, porque tienen y saben aplicar el í­ndice de calidad para la fabricación de esa clase de páginas virtuales.

Está firmado también el convenio con la Contralorí­a General de Cuentas (CGC) para que efectúen las auditorí­as modernas, «somos los conejillos de indias en la auditorí­a concurrente», dice Alejos, esto es, que los gastos se van auditando conforme se van realizando.

A pesar de los logros administrativos y los sueños en 2010, el trabajo concreto sigue paralizado por los bloques opositores y algunos diputados unitarios o independientes que exigen transparencia en los gastos del presupuesto, razón por la que ha quedado congelada la labor.

El Partido Patriota sigue firme en la discusión de un pacto fiscal integral antes de financiar el presupuesto estatal, que sigue raquí­tico en Q6 millardos.

Los opositores rechazan los ajustes fiscales que ha denominado «medidas emergentes que solo perjudicarán a los sectores más vulnerables» debido que al final los tributos, bonos del tesoro o los préstamos de entidades internacionales no resuelven el problema.

Se vislumbra que la bancada Libertad Democrática Renovada tampoco apoyará las medidas emergentes para solucionar el problema económico del Estado, argumentan también que antes exigirán respuestas de peso de parte de las autoridades de Finanzas.

Las interpelaciones siguen siendo el negocio privilegiado de los próximos dí­as y la razón suficiente para ver en el horizonte que no podrí­a haber mucho avance en los temas de la agenda mencionada por las autoridades.