La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazó hoy la demanda presentada por Uruguay contra Argentina, con la que pretendía que este tribunal ordenara el fin del bloqueo de varios puentes fronterizos, provocado por la construcción de una papelera en el río compartido por los dos países.
«Por catorce votos a favor y uno en contra, la CIJ decidió que las circunstancias, tal y como se presentan actualmente, no tienen el poder de exigir a este tribunal que pronuncie medidas cautelares», declaró la presidenta de la CIJ, la británica Rosalyn Higgins, ante los representantes de los dos países.
En su veredicto, la CIJ subrayó, contrariamente a lo deseado por Argentina, su «competencia» a la hora de juzgar esta cuestión, pero manifestó que no está convencida del «riesgo inminente de daños irreparables» provocados por los bloqueos de los puentes, tal y como había argumentado Uruguay.
Concretamente, el tribunal de La Haya recordó que «pese a los bloqueos realizados en el lado argentino, la construcción de una papelera, por parte de la empresa finlandesa Botnia, en el lado uruguayo del río, ha progresado notablemente desde el verano (boreal) de 2006», lo cual invalida claramente el argumento de riesgo «inminente» presentado por Montevideo el pasado diciembre ante la CIJ.
Al mismo tiempo, el tribunal de La Haya recordó a las dos partes su deber de «plegarse a las normas de derecho internacional» y les instó a abandonar medidas que puedan «hacer más difícil la resolución del presente diferendo» y obstaculizar la «buena administración de la justicia».
«El fallo es muy claro y explícito. El único voto en contra de Argentina fue el del juez ad hoc nombrado por Uruguay. Nuestra argumentación del pasado diciembre, en lo sustancial, ha sido recogida por el tribunal», declaró satisfecha a la AFP la responsable de la delegación argentina en La Haya, la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti.
Según la experta, la CIJ no ha hecho ningún llamamiento a Argentina en su sentencia, simplemente ha recordado a las partes, como ya hizo el pasado julio, su deber de no complicar la resolución del caso.
«Un fallo es un fallo y hay que admitirlo como tal. Es la voz de la justicia internacional y es una ordenanza obligatoria», declaró a la AFP a la salida de la sesión el jefe de la delegación uruguaya en La Haya, el embajador Héctor Gros Espiell.
Según él, lo más destacable del fallo pronunciado por la CIJ es que «se declaró competente para decretar medidas cautelares y, haciendo caso omiso al planteamiento argentino, admitió que había una conexión directa entre el fondo de este asunto y el bloqueo de los puentes».
Desde mediados de 2006, Argentina y Uruguay libran ante la CIJ una complicada batalla judicial que podría durar varios años y discurre al margen de esta demanda de medidas cautelares presentada por Uruguay.
Los responsables argentinos recurrieron a la CIJ para que reconozca que su vecino violó el estatuto común del Río Uruguay de 1975 al autorizar la construcción de dos papeleras en Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo).
En este momento, la construcción de una papelera, obra de la empresa finlandesa Botnia, sigue adelante, con el aval de la CIJ. Por su parte, la empresa española Ence decidió finalmente cambiar la localización de su fábrica y situarla en el Río de la Plata.
«La decisión de la CIJ de este martes no me hace ser ni más optimista ni más pesimista sobre el verdadero proceso. Esta demanda de medidas cautelares de Uruguay fue un pretexto, una cortina de humo, para ocultar el verdadero motivo de nuestra presencia aquí, que es la construcción de las papeleras y la violación del estatuto del Río Uruguay», reiteró Ruiz Cerutti.
Los habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú, frente a Fray Bentos, mantienen desde noviembre un bloqueo permanente en uno de los puentes internacionales que comunican con el país vecino y realizan cortes intermitentes en otros dos.
«Uruguay sigue pensando que el bloqueo es algo ilícito y que la CIJ en ningún momento lo justificó», resaltó Gros Espiell.
El gobierno argentino subrayó que se opone al corte de estos puentes, pero garantizó que fuera cual fuera la decisión de la CIJ no usaría la fuerza para desalojar a los manifestantes.
Unos cien ambientalistas y habitantes de Gualeguaychú (230 km al norte de Buenos Aires) escucharon el dictamen del alto tribunal en la ruta 136 que une esa localidad con la uruguaya Fray Bentos, y que mantienen cortada ininterrumpidamente desde hace poco más de dos meses.
«Acá estamos todos como locos, sorprendidos. La gente está muy contenta», dijo a la prensa Jorge Fritzler, representante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, tras el fallo que rechazó la medida cautelar solicitada por Montevideo.
Por su parte, el gobierno uruguayo recibió con sorpresa el rechazo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya a la demanda presentada contra Argentina para poner fin a los bloqueos fronterizos en rechazo de una planta de celulosa, pero no lo interpretó como un fracaso.
«Siguiendo la línea de análisis de los juristas de alta talla que elevaron el planteo a la CIJ, el pronunciamiento no es tomado como un fracaso por Uruguay, porque contiene en su texto elementos positivos», expresó el canciller uruguayo Reinaldo Gargano.