Pues bien, otra vez estamos en las «alegres elecciones», ahora le corresponde el turno al Ministerio Público, institución que por ley está llamada a promover la persecución penal y dirigir las investigaciones de los delitos de acción pública; además de velar por el cumplimiento de las leyes del país.
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La elección del Fiscal General, quien es el jefe del Ministerio Público y el responsable de su buen funcionamiento, su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, determinará la política general de la institución y los criterios para el ejercicio de la persecución penal.
Lo anterior nos detalla la gran responsabilidad que recaerá en el abogado que llegue a ser nombrado por el Presidente de la República para el ejercicio del cargo; pues tendrá que escoger entre los seis candidatos que le serán propuestos por la Comisión de Postulación.
Para llegar a ocupar ese cargo de tan alta investidura, es necesario que el abogado propuesto cumpla con los requisitos que ante la Ley y la sociedad son válidos para demostrar que es una persona proba y además decente; los valores anteriores tienen su por qué, pues su práctica en la vida diaria y en su desempeño profesional como abogado demostrarán que es persona digna de confianza.
La palabra ABOGADO procede de la advocación latina advocatus, que significa: «llamado» porque los romanos acostumbraban a llamar en los asuntos difíciles para que los auxiliasen, a las personas que tenían un conocimiento profundo del Derecho. También quiere decir: defensor, letrado, hombre de ciencia, jurisconsulto, esto relativo a las consultas, jurista, hombre versado en la erudición del Derecho y en la crítica de los códigos, según los principios de la filosofía, de la moral y también de la religión.
No dudamos que en el foro guatemalteco existan personas que posean tales requisitos, características, dones o bien costumbres que les hagan merecedores del reconocimiento social por su desempeño profesional; para ser un funcionario que ejerce el Ministerio Público ante los Tribunales. En el civil ostenta la representación del interés público y por ello interviene en los juicios o expedientes relativos a menores, incapaces, ausentes; en lo penal, sostiene la acusación pública.
Ya circulan en los corrillos tribunalcillos, los nombres de distinguidos abogados que bien llenan los requerimientos para ocupar tan alto cargo; los hay jóvenes y adultos con experiencia en litispendencia y en docencia jurídica universitaria. La Comisión de Postulación tiene la enorme responsabilidad de seleccionar por méritos profesionales Y NO POLíTICOS a los mejores abogados que pretendan ser candidatos para dirigir la institución.