El tema de la impunidad en nuestro país es patético y lo ratifican situaciones como la que se da cuando particulares que se consideran honorables mantienen contactos con grupos de criminales que cobran por el servicio de mandar a alguien al otro potrero, como quien dispone tranquilamente de la basura de su casa. Pero es evidente que el tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala genera mucha controversia y llama la atención la enjundia de algunos para volarle leño a la comisión, a lo cual tienen pleno derecho porque cada quien es libre de pensar como quiera.
Pero el asunto es que quienes repudian la presencia de los extranjeros y que «un español venga otra vez a engañarnos con espejitos», debieran de mostrar que ya están listos para hacer el trabajo que, según ellos, no hace la CICIG, es decir, combatir el sistema de impunidad en el país. Porque esos críticos severos de la Comisión y de sus integrantes no pueden negar que la impunidad es un problema gravísimo para los guatemaltecos y que algo debemos hacer para enfrentarlo. Si no les agrada, por la razón que sea, el trabajo de Castresana y su equipo, nos debieran proporcionar una alternativa porque al fin de cuentas el abogado español y su gente no están aquí para quedarse con nosotros para eterna memoria sino que su mandato es limitado en el tiempo y seguramente que con tanta frustración y tanta resistencia al cambio, tarde o temprano terminarán por hartarse. Leo comentarios de personas que acusan a la CICIG de haber creado una artificial construcción jurídica alrededor del Caso Rosenberg y me extraña que quienes eso sostienen no expliquen su interés personal y familiar en la defensa de algunos de los encartados. Ciertamente el ideal hubiera sido que en Guatemala los guatemaltecos emprendiéramos el trabajo de combatir la impunidad y demandar justicia y respeto a la ley, pero como llevamos años viviendo cual salvajes, recurriendo a linchamientos o sicarios para remedar la administración de justicia o comprando funcionarios mediante la corrupción para asegurarnos favores, la presencia de un ente internacional que apunta a romper con ese molde resulta muy molesta. Me atrevo a vaticinar que el futuro de la Comisión contra la impunidad en Guatemala no será muy largo y que más luego que tarde esos extranjeros que vinieron al país a tratar de ayudar en la lucha contra ese flagelo, liarán sus bártulos y marcharán a sus países o a continuar trabajando como funcionarios de la comunidad internacional. Y cuando eso ocurra, veremos si los guatemaltecos tenemos la capacidad de continuar la tarea o si simplemente quedará la experiencia como una forma de desnudar nuestras carencias y evidenciar los vicios del sistema. Quién libre la lucha contra la impunidad no es lo más importante. Lo relevante es que lo hagamos y tarde o temprano esa tarea será nuestra. Los que honestamente se opusieron a CICIG por razones de soberanía serán sin duda los más propensos a actuar, mientras que los otros, los que la vilipendiaron porque se sintieron amenazados y los que ahora la critican porque se sienten obligados por intereses personales, seguirán como hoy, al servicio de la impunidad.