Carlos Castresana, comisionado de la CICIG, se refirió una vez más a las propuestas que la instancia que preside ha hecho al Estado para el combate a la impunidad, las cuales han sido «ignoradas».
El comisionado fue enfático en indicar que de no ser atendidas esas sugerencias, que van desde reformas legales hasta infraestructura y recursos para mejorar la lucha contra la impunidad, las cosas no cambiarán en Guatemala, que según él: «se hunde».
A criterio de analistas consultados, las sugerencias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) son también las de la ciudadanía que exige la aplicación de justicia y el cese de la violencia y la impunidad en el país; por lo que ha habido falta de voluntad política de parte del Estado para concretarlas.
Lo que falta
«Llevamos más de dos años aquí y hemos hecho recomendaciones desde hace muchísimo tiempo que son sensatas, razonables y además factibles. No estamos pidiendo milagros», declaró Castresana esta mañana en una entrevista en la radio Emisoras Unidas.
Según Castresana, la CICIG ha solicitado al Estado que dupliquen los efectivos de la fiscalía especial en el Ministerio Público (MP), lo que tendría un costo de Q 700 mil, además que le den vehículos blindados a los jueces, que se construya una cárcel de máxima seguridad, entre otros; sin embargo, nada de esto se ha realizado.
«El Congreso lleva dos años sin aprobar la mayor parte de leyes que les tenemos propuestas: el tráfico de influencias, que Rodrigo Rosenberg decía (en el video) que hacía el señor Gregorio Valdez, no es delito en Guatemala porque los señores legisladores no aprueban la propuesta anticorrupción que tenemos desde 2008», ejemplificó Castresana en la entrevista radiofónica.
Respecto a la Cárcel de Fraijanes, la cual se ha presentado como de «Máxima seguridad», Castresana refirió que no es sino una cárcel más «que se ha adaptado» y que al menos, «de esa tiene supuestamente el Control el Sistema Penitenciario», indicó.
El Comisionado agregó que desde abril de 2008 se pidió al Organismo Judicial la creación de los tribunales de máximo riesgo, y que no hay nada al respecto.
Demandas
Hellen Mack, analista de la Fundación Myrna Mack, opinó que el rechazo del Estado a esas propuestas de CICIG, refleja que «hay mucha gente comprometida con redes ilícitas a quienes les afectarían sus intereses», indicó.
«No es posible que no se haya tomado como tema prioritario, deberíamos apoyar esto. Parece una táctica dilatoria: como lo han ido haciendo los diputados con las leyes en el Congreso y los efectos serán contra los ciudadanos con el incremento de la violencia y por lo tanto de la impunidad», indicó la analista.
Mario Minera, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, manifestó estar de acuerdo con el planteamiento de la CICIG, el que calificó de «prioridad nacional» porque se trata del combate a la violencia, indicó.
Minera enfatizó: «la debilidad viene desde la asignación de recursos en el Congreso, al sistema de justicia, al Ministerio de Gobernación, se nota que la violencia y la impunidad no son prioridad política del parlamento. Debe haber un estado de conciencia, con 6 mil asesinatos cada año, el Estado debe tomar decisiones políticas acertadas», enfatizó el analista.