De manera excepcional, en este espacio hoy abordaremos dos temas de actualidad. El primero relativo al resultado de la investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, para esclarecer el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y el movimiento de rechazo de los sectores populares al proyecto de reformas a la Constitución Política de los sectores oligárquicos aglutinados en la Asociación Pro Reforma.
Con respecto al primer asunto, no cabe duda que las revelaciones que ayer hizo el jurista español, Carlos Castresana, director de la CICIG, en torno a que el propio abogado Rosenberg habría planificado su muerte, causaron una tremenda conmoción nacional e internacional. Las pesquisas permitieron establecer que el presidente ílvaro Colom y sus colaboradores no tuvieron ninguna participación en ese sonado crimen.
El trabajo efectuado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Naciones Unidas constituye un precedente histórico para la investigación criminal, evidenciando que cuando hay voluntad política es posible enfrentar el reto de la impunidad y la violencia. Prácticamente todos los sectores, incluso los de la llamada oposición, reconocieron que fue una investigación seria, objetiva, muy profesional y totalmente despolitizada lo cual abona a favor de la credibilidad de esa Comisión, que al principio no era bien vista por algunos grupos retrógrados del país.
Con relación al segundo tema, es importante informar a los estimados lectores de esta columna, que se ha formado el Frente Antirreforma Oligárquica, FARO, una organización que reúne a representantes de diferentes sectores sociales preocupados por las nefastas implicaciones que tendría para el pueblo de Guatemala la introducción de modificaciones a la Carta Magna con base en la propuesta de la Asociación Pro Reforma que dirige el empresario Manuel Ayau.
FARO está convocando a una reunión el día de mañana jueves 14 de enero a las 9:00 horas frente al Congreso de la República o en los lugares estratégicos de los departamentos, para manifestar su rechazo al proyecto perverso de Pro Reforma y exigir a los diputados la pronta elaboración del dictamen desfavorable que corresponde a esa iniciativa, que entre otras cosas, pretende cercenar derechos sociales de gran trascendencia (educación, salud, seguridad, asistencia social, trabajo, identidad y derechos de los pueblos indígenas), privatizar los recursos naturales (agua, bosques, minerales, petróleo, etc.) y crear un régimen político destinado a asegurar la permanencia de la estructura económica, social y cultural de origen colonial que conviene a los grupos de la clase dominante.