Carlos Mencos, contralor general, solicitará hoy a la CSJ consejo sobre posibles problemas legales de no acatar las condicionantes del Mineduc para trabajar sobre los datos de beneficiados con Mi Familia Progresa, por su parte ílvaro Colom espera que la contraloría cumpla con la confidencialidad.
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La información de las personas que reciben mensualmente Q300 para la educación y salud de sus hijos fue entregada ayer a la Contraloría General de Cuentas, (CGC), en el formato PDF, (sólo de lectura), y bajo el criterio de confidencialidad, lo que no permite que personas ajenas a esta institución tengan acceso a ella.
Al respecto, el Contralor General indica que debido a las pruebas de auditoría que son necesarias para fiscalizar el programa, estos datos deben trasladarse a otro formato. Además, reconoce que otras personas solicitarán la información amparados en la Ley de Libre Acceso a la Información, por lo que solicitará a la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), su opinión sobre las posibles consecuencias legales al no cumplir con las disposiciones del ministerio.
Por su parte el ministro de Educación, Bienvenido Argueta, declara que se cumplió con la orden de la CSJ de proporcionar los datos e indica que se hizo en PDF para asegurar que la información no pueda ser modificada y con ello garantizar la transparencia del programa.
Según Argueta, al cumplir con la ley se «confirma un paso más hacia la institucionalidad del programa».
El procedimiento
Mencos señala también que no se cuenta con un presupuesto especial para realizar el trabajo de fiscalización, sin embargo, asegura que ésta no es excusa para que las diez personas que realizarán la labor lo hagan de manera efectiva.
El tiempo estimado para presentar los resultados aún no ha sido determinado por la CGC, pues se deben comparar los datos presentados con los resultados del trabajo de campo que hasta el momento se ha realizado en ocho departamentos, 30 municipios y 116 comunidades.
Mencos asegura que según los datos proporcionados, hasta el momento se han beneficiado a 460 mil personas e indica que de encontrarse alguna anomalía en la ejecución del programa ésta será presentada ante la población en general.
í‰dgar Rosales, vocero de Cohesión Social, opinó que la diputada Nineth Montenegro olvidó que no pueden ser afectados los derechos individuales de las personas que garantiza el texto final del artículo 30 de la Constitución Política de la República; es basado en el principio de confidencialidad que las personas entregaron la información.
Referente a la opinión de Montenegro que los beneficiados podrían ser usados por el partido oficial con fines electoreros -«voto cautivo» dijo la diputada-, en el programa «Mi familia progresa» no se ha visto más que pobreza o la pobreza extrema y nunca si pertenecen a algún partido político, «hasta podría haber algún beneficiado de Encuentro por Guatemala», enfatizó Rosales.