El tribunal europeo de Derechos Humanos condenó el jueves a Rusia y Chipre por tráfico de seres humanos, a raíz de la muerte de una mujer rusa unos días después de haber sido contratada en un cabaret chipriota.
El tribunal decidió que se trata de una violación del artículo 4 (prohibición de la esclavitud y del tráfico de seres humanos) por parte de los dos países. Chipre fue condenado a pagar 40.000 euros al padre de la víctima y Rusia deberá pagar 2.000 euros en concepto de perjuicio moral.
Hecho sumamente raro, el gobierno chipriota hizo una declaración unilateral para reconocer su responsabilidad y anunciar que va a nombrar tres expertos para investigar la muerte de la joven, Oxana Rantseva, a los 20 años de edad.
El 16 de marzo de 2001, la mujer fue encontrada muerta al pie de un edificio de Limassol tras caer del sexto piso. Había llegado a Chipre 11 días antes, munida de una visa de artista para trabajar en un cabaret.
Tres días después dejó el empleo, pero su patrón la encontró en una discoteca de la ciudad, la llevó a la policía y la denunció como inmigrante ilegal para que fuera devuelta a Rusia.
La policía consideró que su situación no era ilegal y la joven se fue de la comisaría con el patrón, que la alojó en la vivienda de una de sus empleadas, en el sexto piso del edifico del que cayó.
Al día siguiente de madrugada, se encontró el cadáver en la calle, mientras de la ventana colgaba una colcha. La policía chipriota consideró el caso como un accidente, cuando en realidad la muchacha trató de escaparse del departamento.
El tribunal consideró que Chipre no cumplió sus obligaciones respecto al tráfico de seres humanos, al no combatir el marco legal que permite tal tráfico, como las «visas de artista» y al no proteger a la mujer en circunstancias que hacían suponer que era víctima de tal tráfico.
Rusia fue condenada por no haber investigado eficazmente sobre las condiciones y los lugares de reclutamiento de la mujer.