Cada dí­a mueren violentamente unos 16 guatemaltecos y guatemaltecas en promedio, según estadí­sticas de organizaciones pro derechos humanos; sin embargo, la respuesta del Estado ante la creciente crisis de violencia que afecta al paí­s carece de balance alguno.

Según los números del informe 2009 del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en los últimos tres años las ví­ctimas por muertes violentas ascienden a 10 mil 239, de las cuales 3 mil 615 fueron asesinadas en los últimos once meses del recién pasado año.

A criterio de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), y de otros analistas, la cantidad de sentencias judiciales para el año pasado debieron haber quedado en equilibrio con el número de ví­ctimas de los últimos dos años, es decir, 6 mil 624 procesos recibidos en el Organismo Judicial por crí­menes contra la vida; no obstante la realidad es distinta.

El reporte del Centro Nacional de Documentación del Organismo Judicial (Cenadoj), los tribunales de sentencia de todo el paí­s, emitieron un total de 352 fallos del 1 de enero al 23 de diciembre del año pasado.

De las anteriores, 231 sentencias fueron condenatorias, mientras que 121 absolutorias, en tanto las muertes violentas de 2007 y 2008 superaron las 6 mil 624 ví­ctimas mortales.

Por el delito de homicidio, los tribunales emitieron un total de 185 sentencias, de las cuales 121 fueron condenatorias; por homicidio culposo se emitieron 42 fallos, 29 de ellos condenatorios, mientras que por asesinato presidieron 94 juicios, 59 de ellos con sentencias condenatorias.

En 2008, Guatemala se asentó como uno de los paí­ses más violentos de América Latina, pues se registraron 33 mil 543 hechos delictivos, según la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la cual se anticipó a ese hecho.

Hasta diciembre de ese año se registraban 6 mil 338 homicidios referentes a decesos por armas de fuego, blanca y contundente, así­ como provocadas por artefactos explosivos, estrangulados y linchamientos.

Según el GAM, el derecho a la vida es el más violentado en el paí­s, de los crí­menes reportados en 2009 pocos han sido esclarecidos; las mujeres continúan siendo las ví­ctimas más vulnerables y persisten las prácticas de ejecuciones extrajudiciales en los hechos de violencia reportados en el año.

CRISIS EN AUMENTO

A criterio de Nery Rodenas, de la ODHAG, no existe en el paí­s una reacción adecuada de parte del Estado ante los condenables hechos de violencia que afectan a la ciudadaní­a.

«Pero es un problema de todo el aparato de la administración de justicia, por ejemplo: en el Ministerio Público a pesar de los recursos que tiene no logra fundamentar sus investigaciones en el sentido de procurar que los tribunales emitan una sentencia condenatoria segura», citó Rodenas.

El entrevistado ve como preocupante el hecho que haya «tantas muertes violentas que queden sin castigo año con año», y explica que los números no sólo son repetitivos cada año sino se trata de estadí­sticas que van en aumento: «los números de asesinatos aumentan mientras que los resultados del aparato de justicia disminuyen», enfatizó.

Rodenas agregó que en la medida que esa situación continúe así­, la ausencia del Estado se irá «desvaneciendo» y habrá mayor incremento de la violencia: «las bandas criminales ejercerán mayores acciones de control porque ven que los delitos cometidos se quedan en la absoluta impunidad», indicó.

El director de la ODHAG recomendó una reforma legal en materia de investigación criminal, una mejor coordinación del MP con otras entidades del Estado como la Policí­a Nacional Civil, mayor evaluación de resultados y puso énfasis en la próxima elección de Fiscal General, cuyo proceso dará inicio en los próximos meses de este año, detalló.