Cuando un sector tan importante como el del magisterio se casa con un gobierno tiene que ser extremadamente cuidadoso con el tipo de medidas que adopta. Es obvio que en el caso del dirigente Joviel Acevedo no puede pensarse en que a él le preocupen las apariencias ni los comentarios de la opinión pública porque está en su lucha en abierto compromiso con el gobierno del presidente Colom y con las aspiraciones polí­ticas de su esposa, hermana del principal asesor legal del movimiento magisterial. Al margen de que todo eso se pueda revertir en el futuro y hacer daño a la lucha del magisterio, el hecho cierto y concreto es que se está afectando a cientos de miles de niños y eso es totalmente inaceptable. El gobierno hace mal en recurrir a esos procedimientos para presionar al Congreso y amedrentar a la ciudadaní­a en el marco del debate por la cuestión fiscal porque la misma tiene que abordarse desde una perspectiva diferente. Si tienen los votos de las bancadas que trabajan aliadas al partido de gobierno, sea porque los compraron o porque lograron convencer a una mayorí­a de diputados, no vemos la razón para utilizar al magisterio de esta forma que nos parece irresponsable. El presidente Colom dijo hace poco que no negociarí­a el tema fiscal y que los impuestos iban porque iban, según sus palabras. Eso significa que debe tener ya los respaldos polí­ticos necesarios para enfrentar a la oposición de sectores dirigidos por el empresariado que objetan el paquete de impuestos. En ese contexto tenemos que ver la decisión del magisterio en el marco de una estrategia de más largo plazo y de mayores ambiciones, vinculada directamente con la cuestión electoral, y como un anticipo de las movilizaciones que se darán en el futuro cercano para promover la confrontación entre los distintos sectores sociales del paí­s. El asunto le puede funcionar de momento a la dirigencia, pero terminará por pasarle una gran factura a la integridad de todo el movimiento magisterial del paí­s.