Estados Unidos se prepara este año para el censo, como cada década desde 1790, y de nuevo el conteo de los inmigrantes vuelve a provocar polémica en general y cálculos entre los políticos.
Millones de hogares estadounidenses recibirán a partir de marzo el impreso con diez sencillas preguntas, que una vez rellenado debe ser devuelto a la Oficina del Censo, en principio antes del 1 de abril.
Rellenar el formulario no debería llevar más de diez minutos, según los responsables del gigantesco estudio, que voluntariamente y por primera vez en décadas, tiene un número más reducido de preguntas y deja a un lado temas sensibles como los ingresos o la nacionalidad.
La población estadounidense asciende a poco más de 308 millones de habitantes, según la Oficina del Censo.
La Constitución establece que debe contarse «toda la población», sin distinciones, pero lo que agita los ánimos es el impacto en la distribución de escaños en la Cámara de Representantes (435 escaños).
A finales del año pasado, un senador republicano, David Vitter, intentó que se aprobara una enmienda para preguntar a los ciudadanos su nacionalidad, y así poder descontar a los extranjeros a la hora de reasignar escaños.
La enmienda fue rechazada, pero ante el clima de crisis económica y amenazas a la seguridad del país, los defensores de una reforma migratoria se han movilizado para que los indocumentados no se atemoricen y participen en el censo aunque para ello deban identificarse.
«Este censo determinará cómo se distribuirán los fondos federales, incluyendo a personas con estatuto legal o ilegal. Se determinará el acceso a más recursos públicos, y también el poder político», resalta Lisette Escobedo, vicedirectora de Participación Ciudadana del Grupo de cargos electos hispanos en Estados Unidos (NALEO por sus siglas en inglés).
Otros, como el líder evangelista Miguel Angel Rivera, han llamado a un boicot del conteo, para protestar por la falta de una reforma migratoria.
«La mayoría de la comunidad latina comprende los beneficios de un conteo preciso», asegura sin embargo Escobedo.
En el censo del año 2000, Indiana, Michigan y Mississippi perdieron un escaño porque son estados con menos población inmigrante (e ilegal) que otros como California o Nueva York.
«Lo que me preocupa de contar inmigrantes ilegales es que alienta a los estados a aceptar actividades ilegales y a dar la espalda a los que violan la ley», como las empresas, explicó a la AFP Jon Feere, del Centro de Estudios Migratorios.
La tentación de los políticos, según este experto contrario a una reforma migratoria, es facilitar la vida a los indocumentados para así aumentar los escaños del estado.
«Algunos distritos (electorales) no existirían si no fuera por la inmigración ilegal. Un político en esos distritos puede apoyar la amnistía (reforma migratoria) para conseguir que los inmigrantes ilegales se conviertan en futuros votantes», considera este experto.
En el último estudio poblacional de 2000, la Oficina del Censo calculó que había contado unos siete millones de inmigrantes sin papeles.
Los expertos cifran en unos doce millones los indocumentados en la actualidad en Estados Unidos, y el debate en el Congreso para una reforma podría volver a activarse en breve.
Dos intentos ante la Corte Suprema para prohibir la inclusión de inmigrantes en el censo fracason, en 1979 y 1988.