Argentina y Uruguay se verán de nuevo las caras mañana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que decidirá si ordena a Argentina que tome medidas para poner fin al bloqueo de varios puentes fronterizos, tal y como exigen los representantes de Montevideo.
Este fallo será sólo una pequeña parte dentro de la complicada batalla judicial que los dos países libran en La Haya y en la que Argentina desea que el tribunal reconozca que su vecino violó el tratado común del Río Uruguay de 1975 al autorizar la construcción de papeleras en Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo).
Concretamente, la CIJ podría ordenar mañana a Argentina que tome medidas para garantizar el libre tránsito en estos pasos fronterizos, desestimar la demanda uruguaya o declarar su incompetencia para juzgar este asunto.
A pocas horas de que se haga público este fallo en la sede de la CIJ, los asambleístas argentinos que mantienen bloqueados los puentes garantizaron que la decisión del tribunal de La Haya no conseguirá el desalojo de las rutas.
«No se van a desalojar las rutas por la fuerza, por más que lo ordene La Haya», garantizó el vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino.
Alegando un daño medioambiental irreparable causado por estas papeleras, los habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú, frente a Fray Bentos, mantienen desde noviembre un bloqueo permanente en uno de los puentes internacionales que comunican con Uruguay y realizan cortes intermitentes en otros dos.
Sin embargo, los representantes del gobierno argentino, conscientes de que la CIJ podría no apreciar que los habitantes de estas localidades hagan justicia por su mano, garantizaron que acatarán la sentencia.
«Sería una contradicción jurídica reclamar por un lado justicia y por el otro no acatar esa justicia», explicó una fuente oficial en Buenos Aires.
La cuestión de las papeleras envenena desde hace meses las relaciones entre los dos países, cuyos presidentes, el argentino Néstor Kirchner y el uruguayo Tabaré Vázquez, se evitaron discretamente en la cumbre del Mercosur de la semana pasada en Río de Janeiro.
Ante la CIJ, los responsables de Montevideo argumentaron que este bloqueo del tránsito entre ambos países «agrava» el conflicto que les enfrenta en La Haya y causa importantes daños económicos a Uruguay.
«Si cesan las presiones, se podrá abrir un proceso de diálogo por ejemplo en el marco de la facilitación del rey de España, pero este deseable diálogo está subordinado al cese de cualquier forma de presión, en especial, al corte de los puentes internacionales sobre el río Uruguay», aseguró Héctor Gros Espiell, representante de Montevideo ante la CIJ y embajador de su país en Francia.
En noviembre, el rey español Juan Carlos aceptó un pedido del presidente Kirchner para que facilitara el acercamiento con su homólogo uruguayo.
El emisario del monarca español, Juan Antonio Yáñez, iniciará esta semana su tercer viaje a Montevideo y Buenos Aires, después de haber obtenido de los directivos de la empresa finlandesa Botnia, que construye una planta de celulosa en Fray Bentos, el compromiso de intentar una negociación.
Yáñez trae en la maleta varias propuestas como una canalización de los desechos o la construcción de una isla artificial en el Río Uruguay, frente a la fábrica, para minimizar el impacto en el paisaje, según la prensa uruguaya.
En julio de 2006, el tribunal de La Haya no autorizó la suspensión de la construcción de dos papeleras, tal y como había requerido Argentina, cuyas obras seguirán adelante mientras continúa la batalla judicial ante la CIJ.
En este momento, sólo la empresa finlandesa Botnia sigue adelante con su intención de construir una planta en Fray Bentos, ya que la española Ence decidió trasladar su plan a Punta Pereyra, 220 km al oeste de Montevideo, sobre el río de la Plata.