La Corte Suprema de Justicia (CSJ) busca que en 2010 el Congreso de la República apruebe una serie de reformas legales para optimizar el sistema de justicia en todas sus ramas.

A poco menos de tres meses de tomar posesión, los magistrados que integran las diferentes Cámaras de la CSJ han elaborado una serie de proyectos referentes a reformas de Ley en materia penal, laboral, civil y administrativa.

La interrogante a continuación es: ¿logrará el Organismo Judicial ganarle al pulso a un Legislativo con una «agenda llena» en cuanto a la aprobación a reformas de Ley, o los proyectos serán nuevamente archivados como otras iniciativas planteadas por esa instancia?

Desde reformas a normativas que regulan las notificaciones en los procesos laborales para que estas sean más rápidas, hasta una iniciativa de Ley que cree mayores protecciones a las ví­ctimas dentro de los procesos penales serán las que presentará el próximo año la CSJ en el Congreso de la República.

PROYECTOS EN CíMARAS

Gabriel Medrano Valenzuela, magistrado integrante de la Cámara Civil de la CSJ, indica que esa instancia tiene iniciativa de Ley y que considera que se ha hecho poco uso de la misma, además, opina que en las ocasiones que se ha utilizado, las propuestas quedan rezagadas en el Congreso de la República.

«Cito como ejemplo la nueva Ley Notarial que fue presentada por la CSJ desde 2004 al Congreso y aún no se ha conocido, dado el aumento de la actividad notarial y de notarios en el paí­s, creo que es una ley muy importante que garantiza la seguridad jurí­dica nacional», explica Medrano.

El magistrado añade que la iniciativa de ley tendrá que ser utilizada por la CSJ para el año entrante y que el organismo que integra tendrá que estudiar varias leyes y proponer las reformas pertinentes.

El magistrado insistió en que la iniciativa de Ley ha sido poco utilizada por las administraciones anteriores y refirió que la actual gestión de ese órgano está trabajando en varios proyectos de Ley para el próximo año, que esperan que sean aprobados por el Legislativo en el marco del mejoramiento del sistema de justicia.

Thelma Aldana, integrante de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ, considera importante que el próximo año el Congreso de la República estudie y apruebe una serie de reformas legales para darle celeridad a la justicia, en especí­fico en materia laboral.

La magistrada explica, por ejemplo, que en 2010 la Cámara que integra estará impulsando un proyecto de ley para reformar el Código de Trabajo, la cual hará énfasis en que el proceso de notificación de las resoluciones sea por la ví­a electrónica.

«Estamos trabajando en un proyecto de ley para modificar la norma vigente del Código de Trabajo para que las notificaciones puedan ser tanto de forma tradicional como de tipo electrónico ya que hay que tener presente que en el interior del paí­s no se cuenta con los mecanismos suficientes para que las notificaciones electrónicas se hagan en toda la República», explica la magistrada.

Aldana refiere que esta reforma, aunque sencilla, podrí­a tanto darle mayor celeridad a los procesos como ahorrar tiempo y dinero al sistema de justicia en materia laboral, ya que las notificaciones serí­an de inmediato por versión electrónica: «Las partes tendrí­an conocimiento inmediato de la resolución y podrí­a hacer uso de los mecanismos legales con mayor celeridad y con ello hay ahorro en tiempo y costos», indica.

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal, comenta que el próximo año buscarán la aprobación de varias iniciativas de Ley en el Congreso de la República y que la prioridad será una que permita a las ví­ctimas una participación más activa a las ví­ctimas dentro del proceso penal.

«El objetivo de una Ley como ésta es abrir a la ví­ctima la posibilidad de participar más en el proceso en el que fue lesionada: podrá asistir a todas las audiencias y hacer sus objeciones y planteamientos y accionar con los recursos que considere, explicó.

El presidente de la Cámara Penal de la CSJ, explica que mientras no se concreten reformas integrales al Código Procesal Penal guatemalteco, lo ideal es que se apruebe una «ley de tutela judicial de ví­ctimas», como podrí­a llamarse la nueva legislación; la cual establezca como norma que las personas que denuncian los delitos puedan ir a un juez para que éste obligue al Ministerio Público a investigar si no tuvieran respuesta de esta institución como en la actualidad sucede.

Barrientos considera importante la aprobación de la citada Ley, ya que actualmente la ví­ctima dentro de los procesos se limita a ser «querellante adhesivo», lo que a su criterio lesiona los principios de igualdad procesal y de las personas en ser tratadas en las mismas condiciones procesales, indicó.

«Mejorará sin duda la atención a la ví­ctima, porque siempre tendrá alguien que la escuche que será el juez de Paz, posteriormente ya nos quedaremos pensando en un Código Procesal Penal más ágil», refiere el magistrado quien también plantea una reforma a esa normativa que regula el proceso penal en Guatemala.

CONGRESO

Nineth Montenegro, integrante de la Comisión especí­fica de reformas al Sector Justicia del Congreso de la República, refiere en su informe final sobre el trabajo de ese cuerpo que este año hubo «varios logros» en cuanto a modificaciones de Ley relacionadas con el sector justicia.

Entre los anterior, la diputada cita, en primer lugar, la aprobación e implementación de la Ley de Comisiones de Postulación, la cual tiene por objeto regular y transparentar los procesos y funciones de que según la Constitución y otras leyes le corresponde a las comisiones de postulación para la elaboración de nóminas de candidatos a altos cargos de instituciones del paí­s.

«Con esa normativa se institucionalizó la transparencia, el libre acceso a la información del trabajo de las comisiones de postulación y a la obligación de los comisionados para elegir a candidatos probos, capaces, idóneos, honrados y comprometidos en luchar contra la impunidad», resalta la diputada.

La legisladora también refiere entre los logros de la Comisión el dictamen favorable a la iniciativa 39-42, referente a las reformas a la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad; y a la iniciativa 3814 de reformas al decreto 314 del Congreso de la República que modificarí­a el código de notariado.

Entre las tareas pendientes la diputada considera que la comisión procurará darle seguimiento a las dos iniciativas anteriores para procurar su aprobación definitiva en el pleno del Congreso de la República, según refiere el documento.

CAMINO RECORRIDO

Este año la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), consiguió que el Congreso de la República aprobara varias reformas tanto para el mejoramiento de la persecución penal como del sistema de justicia.

Entre ellas destacan las modificaciones a la iniciativa de Ley 2290 que aprueba la Ley de Armas y Municiones; al Decreto 51-92 sobre utilización de medios audiovisuales en declaraciones de testigos y peritos; al 21-2006 y al Acuerdo 2-2007 del Ministerio Público respecto del cambio de identidad y reubicación de testigos y de colaboradores en el proceso penal.

El informe de Gestión de dos años de la CICIG, refiere, además, una serie de reformas propuestas por la instancia internacional como la de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo; reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada en cuanto a la figura de la colaboración eficaz y a la Ley contra la Delincuencia Organizada y de Migración respecto de la trata de personas y el tráfico ilí­cito de migrantes; no obstante resalta como un desafí­o enfrentado este año la sanción de las reformas legislativas.

Carlos Castresana, comisionado de la CICIG, explicó que las prioridades de la instancia internacional para el próximo año no habí­an sido definidas y que serán discutidas en poco tiempo para estructurar lo pendiente en cuanto a reformas de Ley.