Llegó la hora y el día en que infinidad de padres de familia deben enfrentar con mucha valentía y exhaustos recursos económicos el inicio de un nuevo ciclo escolar. Aunque para el guatemalteco no es ninguna novedad hacerlo en completa lipidia, es el momento de cancelar, tan con chan, una retahíla de libros, útiles, inscripciones, cuotas, derechos, uniformes y servicios, algunos reales y otros ficticios. Claro está que hablo de la educación privada, pues qué diéramos por pagar más impuestos con tal que el Estado brindara la educación pública atendiendo no a la cantidad de nuevos establecimientos, a la mayor infraestructura o al número de estudiantes inscritos, sino a la calidad educativa que pudiera brindar mejores horizontes a los alumnos.
De verdad, no son tan importantes los edificios escolares o la gratuidad. Bien podríamos seguir ocupando aquellas viejas casonas, siempre y cuando la calidad de los maestros fuera la misma de otros tiempos, cuyos vastos conocimientos brindaban con el único deseo de formar mejores ciudadanos. Me cuento entre los afortunados que tuvimos la enorme suerte de contar con padres responsables que nunca escatimaron sacrificios para lograr tan caro objetivo y sobre todo, para que pudiéramos recibir la enseñanza con verdaderos titanes del saber, con el mejor deseo de cumplir su misión, ceñidos estrictamente al marco de grandes valores y principios. Antes, no era necesario obligar a los padres a tener que erogar desde el primer mes del año más de mil quetzales en textos; 500 en útiles; otros quinientos en ropa e implementos deportivos; mil más en la llamada «bolsa escolar» y otros mil en la colegiatura del primer mes, no de un tercer año de la universidad, sino del nivel primario. Tampoco hablo de los colegios de postín, con lujosos edificios e instalaciones de padre y señor mío. No, ¡qué va!, me refiero a tantos colegitos, de esos en que la actitud comercial o mercantil predomina sobre la calidad educativa de sus alumnos. ¿Y qué otra queda si el Ministerio de Educación no supervisa nada, no digamos la Diaco y tantas entidades estatales que solo sirven de parapeto? Claro, la mejor opción podría ser que quienes no cuenten con suficientes recursos, lleven a sus hijos a una escuela pública y así el gobierno de turno podría vanagloriarse más de incrementar la apertura de nuevos establecimientos del nivel básico, del número de estudiantes inscritos, pero sin tomar en cuenta que no son esos fríos números los que realmente valen para la sociedad en que vivimos, sino la calidad educativa que se imparta. La única ventaja real que representa actualmente la educación privada es que no cuentan todavía con «Jovieles» que manden más que los directores; que no hay paros o huelgas a cada rato o porque tengan que cerrar el establecimiento por no pagar la energía eléctrica, pero por lo demás, su calidad educativa en Guatemala sigue dejando mucho qué desear.