Casi todos los países que han logrado consolidar su modelo político e impulsar un desarrollo sostenido pasaron por el proceso de articular grandes consensos entre los distintos sectores de la sociedad, incluyendo a las fuerzas políticas, para acordar el tipo de Nación que querían construir y los pasos necesarios para alcanzarlo. Abundan los ejemplos de pactos sociales logrados entre los pobladores y la mayoría de ellos son verdadero ejemplo de cómo, en medio de las discrepancias y diferencias de criterio, se puede tener un objetivo común y trabajar para alcanzarlo.
En Guatemala los Acuerdos de Paz tenían que haber cumplido con esa función y convertirse en el gran eje de la articulación de los consensos nacionales para resolver ancestrales problemas. No vale la pena ponernos a criticar a los dos actores que se consideraron dueños del proceso e imposibilitaron que se socializara para que los guatemaltecos los conocieran y se comprometieran con su ejecución. Esa fue, sin duda alguna, la mejor oportunidad para que nos uniéramos en la definición del país que queremos y en cómo lograrlo, pero obviamente ya se perdió el momento y ahora hará falta un gran esfuerzo para lograr otro punto de encuentro. Pero obviamente nos hace falta porque somos un país altamente dividido en el que no existe un proyecto común que una a los distintos sectores. Nos contentamos con irla pasando, con dejar que transcurra el tiempo sin trabajar para iniciar la necesaria transformación que a partir del rescate de las instituciones nos permita ver el futuro con más optimismo y certeza. Este año ha sido una muestra clarísima de cuán divididos estamos y cuán frágil es nuestra institucionalidad democrática. La debilidad del Estado se nota en muchas cosas, pero en el tema de la seguridad y la justicia es en el que de forma más patética se muestra. La forma en que se propaga la tendencia a querer hacerse justicia por propia mano, acompañada de la incapacidad del Estado para proveer seguridad y prevenir la delincuencia, es una muestra de que estamos al borde de la ingobernabilidad que se agrava porque estamos totalmente desunidos y carentes de un proyecto común de país. El problema, sin embargo, está en que no es fácil convocar con autoridad a todos los sectores porque a estas alturas la polarización ya le restó al gobierno la capacidad de hacerlo y no existen otras instituciones políticas con credibilidad para articular ese gran diálogo. Y entre la sociedad los grupos organizados tienen sus agendas muy particulares y tratan de llevar agua a sus molinos, pero indudablemente nos urge encontrar el espacio para definir qué país ansiamos y cómo lo construimos.